La pandemia provoca un gasto de 70 millones por bajas

G. ARCE
-

Críticas de los sindicatos por las numerosas trabas a la hora de conceder la incapacidad temporal a los trabajadores especialmente sensibles a la COVID-19

La pandemia dispara un gasto de 70 millones por bajas - Foto: Alberto Rodrigo

La crisis sanitaria desatada el pasado 13 de marzo tornará, a buen seguro, pequeña la factura de más de 70 millones de euros que cuestan cada año las incapacidades temporales por enfermedad común o profesional en Burgos. Es una primera estimación de expertos y sindicatos, aunque a día de hoy aún no hay números cerrados sobre lo que está suponiendo para el sistema público incorporar no solo a todos aquellos trabajadores afectados por la pandemia, sino también a los especialmente sensibles al contagio por el coronavirus.
La última factura hecha pública por las mutuas de trabajo y el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la del ejercicio 2018, ascendió a 67,7 millones de euros, el 80% de los cuales fueron gestionados por las mutuas. Ya en ese ejercicio hubo un crecimiento del 16,67% en el gasto total, tendencia que continuó el pasado año.
Entonces se contabilizaron 33.130 incapacidades temporales, 4.592 más que el año precedente. Los problemas en la espalda lideraron el ranking de patologías en las incapacidades temporales seguidos de los trastornos en las articulaciones, las tendinitis, alteraciones en las cervicales y trastornos musculares, en ligamentos y fascia, entre otros.
Una referencia a tener en cuenta de cara a analizar el impacto de la actual crisis sanitaria son los 22,9 trabajadores protegidos que estuvieron de baja a lo largo del último año en la provincia, ratio que a buen seguro se elevará con la crisis sanitaria actual.
MÁS RIESGO. La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un cambio radical en la valoración de las incapacidades temporales pues, además de los afectados por la enfermedad, ha incorporado al sistema a una población de trabajadores especialmente sensibles al contagio del coronavirus. UGT y CCOO estiman que en torno al 5% de las plantillas de empresas y Administración Pública encajan en este perfil de riesgo aunque, denuncian, los trabajadores afectados solo encuentran trabas a la hora de solicitar su baja.
La Junta de Castilla y León aclara que en el actual estado de alarma no existe baja laboral preventiva y es el trabajador el que debe acordar con su empresa y sus servicios de prevención de riesgo las medidas protectoras a tomar en la actual situación.

 

Más información en la edición impresa de Diario de Burgos