La tarotista de origen brasileño que estafó alrededor de 150.000 euros y varias piezas de joyería a varios clientes que contrataron sus servicios después de ver un anuncio en periódicos, cuyas iniciales son R.C.,  será condenada a 3 años y medio de prisión una vez que su defensa llegara ayer a un acuerdo con el Ministerio Fiscal para rebajar la pena a casi la mitad, ya que en un primer momento solicitaba 6 por un delito continuado de estafa. Además, se le impone una multa de 6 euros al día durante 9 meses y será extraditada a su país de origen sin que pueda regresar en 10 años en cuanto se haga efectiva la sentencia que dictará la Audiencia Provincial.

Esta falsa pitonisa, que residía en condición de ilegal en Burgos, alquiló en 2017 junto a su pareja de entonces un piso en la Avenida del Vena y comenzó a anunciarse en periódicos bajo el seudónimo de ‘Sonia’ como especialista en servicios del tarot. A los pocos días de poner el gancho, una mujer requirió sus servicios solicitando que le quitaran el mal de ojo. Por este ‘trabajo’, R.C. solicitó varias sumas de dinero que alcanzaron los 100.000 euros. De hecho, esta primera víctima de sus artimañas tuvo que solicitar un crédito de 45.000 euros para poder afrontar uno de los pagos. El timo consistía en que la vidente solicitaba introducir todo el dinero en un neceser cerrado con dos candados que dejaba que se llevara a su casa, si bien la llave se quedaba siempre en su domicilio. Así, debía acudir a los pocos días para romper el hechizo y abrir el estuche en el que dejó, además, 24 piezas de joyería. 

Cuando la víctima regresó, se percató de que la tarotista había abandonado la vivienda y al abrir el neceser descubrió que dentro solo había papeles que había cambiado por dinero utilizando diversas artimañas. Este mismo modus operandi utilizó para engañar en otras dos ocasiones más. Primero con una mujer a la que estafó 9.500 euros y a otro hombre con 34.000 de los cuales 27.000 fueron retirados de un depósito bancario a plazo fijo que tenía contratado.

Mientras se hace efectiva la sentencia y se tramita su expulsión, R.C. permanecerá en prisión preventiva, donde ingresó cuando fue detenida en 2018. A pesar de que la decisión judicial implica devolver el dinero estafado, es posible que se declare insolvente y no se haga cargo de ello.