La Junta de Castilla y León propone que la Agencia Autonómica de Evaluación de Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, uno de los compromisos del pacto de gobierno entre PP-Cs, esté adscrita al Consejo de Cuentas como la solución más realista, viable, austera y de permanencia en el tiempo.

Así lo planteó esta tarde el viceconsejero de Transparencia y Calidad de los Servicios, Fernando Navarro, en su comparecencia ante la Comisión de Transparencia de las Cortes para responder a una pregunta en tal sentido del Grupo Socialista, donde instó a los grupos a presentar una proposición de ley para la creación de la Agencia adscrita al Consejo de Cuentas.

El socialista Pedro González respondió que será “difícil” que puedan contar con su grupo para la presentación de la proposición de ley porque no se “fían” de la Junta de Castilla y León y subrayó que deberán dotar de más recursos al Consejo de Cuentas si pretenden darles más carga de trabajo, algo que sí compartió el viceconsejero.

Navarro explicó que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AireF) realiza esa propuesta en el avance preliminar del informe encargado por la Junta para institucionalizar la evaluación de las políticas públicas en Castilla y León.

Según detalló, la AireF estima costoso, que puede no funcionar y se crearía un “artificio” la constitución de una Agencia, como se compromete en el pacto de gobierno, y deriva que sea adscrita al Consejo de Cuentas que tiene experiencia en la fiscalización y evaluación de políticas públicas, siguiendo el modelo de lo que se hizo con el Tribunal de Recursos Contractuales, que depende del Consejo Consultivo.

Por otro lado, precisó que el coste de este informe es de 455.000 euros y detalló que a nivel interno de la Junta la evaluación se realizaría a través de las unidades de las consejerías, con la creación de una oficina de impulso en la Consejería de Transparencia y una unidad integradora en la Dirección General de Presupuestos.

Además de este informe de carácter general, cuyo estudio definitivo estará en junio, la Junta encargó a la Autoridad Fiscal otros de tipo sectorial sobre la evaluación de las políticas activas de empleo, del plan de medios, de la política industrial y de las universidades.