El largo proceso judicial que se inició en 2014 a instancias de la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente, después de que el Ayuntamiento del Valle de Valdebezana denunciara el vertido de toneladas de áridos siderúrgicos valorizados en el hueco de una antigua cantera de Torres de Abajo y el posible riesgo de contaminación de los acuíferos que ello suponía, sigue sin resolverse y causando graves perjuicios económicos a la firma cántabra Codefer. La última decisión del Juzgado de Instrucción 1 de Villarcayo del 18 de febrero insiste en requerir a la empresa que preste una fianza de 4,8 millones de euros y a su propietario, Roberto Salido, otra de 2,9, casi 8 millones en total.
El Juzgado está siendo mucho más exigente que la Fiscalía, y reclama una fianza millonaria sobre la base de las posibles condenas que pueden recaer sobre la empresa y su propietario, posibles indemnizaciones y el coste que ha estimado de las medidas cautelares, es decir, del vaciado de la cantera. Por su parte, el fiscal, en su acusación, solo reclama, amén de penas de prisión no superiores a 2 años, una multa de 18.200 euros para Roberto Salido y otra de 73.000 para Codefer, además de la restauración del hueco de la antigua cantera. Mientras, la empresa ha planteado sin éxito reducir la fianza y las multas a un total 559.800 euros.
Codefer acaba de recurrir la diligencia de ordenación emitida el 25 de febrero por el Juzgado de Villarcayo que ordena que un tercero vacíe la antigua cantera y se embarguen bienes por valor de varios millones. La defensa de la empresa insiste en que "ya se ha demostrado holgadamente, suficientemente, objetivamente y completamente que la cantera se ha vaciado" y, por tanto, ya se han ejecutado las medidas cautelares exigidas en 2014.
En un bucle que parece interminable, el Juzgado insiste en que no se ha vaciado la cantera, pero la empresa ha presentado innumerables informes técnicos periciales, fotografías e incluso un acta notarial para acreditar que se han retirado todas las escorias del hueco de la cantera y de parte del camino que se acondicionó con ellas. El Juzgado ha hecho caso omiso a un informe geotécnico, otro hidrogeológico y ambiental, otro elaborado por un geólogo en marzo de 2019, otro de un ingeniero de caminos y máster en ingeniería ambiental de mayo de 2019 y un acta notarial de 2018, entre otros. El último informe estima que Codefer ha sacado de la cantera 10.366 metros cúbicos de escorias, 34.600 toneladas, en cientos de camiones, con un coste que roza los 250.000 euros. Los técnicos contratados por la empresa insisten en que el hueco ya ha sido vaciado y tras realizar calicatas y análisis de los materiales observan que en su base se encuentran piedras calizas, base arcillosa y fragmentos rocosos.
Pero el Juzgado de Villarcayo mantiene su postura en base a "una inspección ocular" realizada por una patrulla del Seprona de la Guardia Civil en diciembre de 2018, en la que los agentes señalaron que "aún falta por retirar gran cantidad de escoria, desconociendo la profundidad total de la oquedad sometida a relleno". En el informe del Seprona de un folio, a diferencia de los centenares de páginas de los informes de la empresa, se dice además que "en junio de 2017" se observó maquinaria -no indica de qué empresa- introduciendo tierra y grava sobre los residuos "aparentemente con el fin de taparlos". Codefer tomó muestras de los materiales que hay bajo esos escombros y sus informes concluyen que "no se encuentran restos de escoria tapados o escondidos".
tiempo congelado. La defensa de la empresa manifiesta en su último recurso que parece como que "fuese absolutamente indiferente todo lo realizado para la ejecución de las medidas cautelares, como si la situación de julio de 2014 se hubiese quedado congelada en el tiempo". Asimismo, considera que se está vulnerando el derecho constitucional a la defensa y a una tutela judicial efectiva. Además, Codefer ha sufrido las consecuencias de las severas medidas económicas adoptadas por el Juzgado de Villarcayo, respaldadas por el Ayuntamiento de Valdebezana. Debido al embargo de cuentas bancarias y de sus bienes, ha despedido a sus 20 trabajadores y ha entrado en preconcurso de acreedores.
Respecto del riesgo de contaminación de los acuíferos por las escorias depositadas en un vertedero no autorizado para ello, Codefer también ha presentado estudios. Las conclusiones que alcanzan son que, "atendiendo a la Ley de Responsabilidad Medioambiental y a las características del medio que rodea la cantera, la peligrosidad es poco posible y la vulnerabilidad, menor". Los análisis del agua y del suelo realizados para la empresa indican que "no hay contaminación del acuífero ni de los suelos del vial y solo se observan contaminantes en tasas elevadas dentro de la cantera, por lo que la retirada del material limita la posibilidad de que los materiales sean lixiviados". Si hubo o no delito contra el medio ambiente lo decidirá un juez, pero Codefer insiste y considera demostrado que los vertidos ya están fuera de Torres de Abajo.