Control de móvil, portátil y videoconferencias en los ERTE

G. ARCE
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La Inspección de Trabajo ha generalizado los requerimientos y las visitas sorpresa, aunque el cumplimiento de las medidas excepcionales es generalizado entre las 5.241 empresas afectadas

Imagen que presentaba el centro histórico en los días de alarma nacional. - Foto: Alberto Rodrigo

En la provincia de Burgos se contabilizan, a día de hoy, 5.241 ERTE activos con un total de 26.585 trabajadores afectados. La gran mayoría de las empresas, subrayan desde los organismos competentes de la Administración, empresarios, sindicatos y gestores laborales, cumplen con los requisitos establecidos por el Gobierno para apoyar a la economía y el empleo en el estado de alarma nacional, pero -añaden- ha habido tal avalancha de procesos en los últimos tres meses que no es descartable que algunos hayan aprovechado el río revuelto de la pandemia para obtener unos beneficios extraordinarios, lo que, de confirmarse, supone una falta grave y sancionable.

Los sindicatos han sido los primeros en lanzar la voz de alarma ante la vulneración de los horarios de trabajo y de las condiciones pactadas en las suspensiones de contratos al amparo del teletrabajo, o ante la constatación de que hay empresas en Burgos que han recuperado la normalidad y facturación y siguen aplicando un ERTE a una parte de la plantilla. Incluso, aseguran, algunas hacen hasta horas extraordinarias con parte de los contratos suspendidos. "No son casos generalizados, pero existen y nos preocupan", recalca Ángel Citores desde CCOO.

La Inspección de Trabajo avisa de que todos los trabajadores que sientan vulnerados sus derechos pueden denunciarlo de forma anónima para la investigación de cada caso. En paralelo, según advierten algunas de las empresas afectadas, el organismo dependiente del Estado y competente en el tema sancionador en el ámbito laboral ha comenzado en los últimos días, según ha constatado este periódico, una campaña de envío de requerimientos y de visitas de inspectores y subinspectores a empresas que se encuentran dentro del abultado listado de los ERTE, tanto los de fuerza mayor (por parón de actividad) como los de causas productivas (problemas de suministro, principalmente).

Los controles no son excepcionales, pues se producen en cumplimiento de lo establecido en el Decreto Ley 75/2020 de 21 de abril, pero sí llaman la atención porque son muy estrictos y no dejan ningún cabo suelto ante cualquier presunto abuso, irregularidad o fraude. Se centran, principalmente, en tres ámbitos: el cumplimiento efectivo de los requisitos y condiciones del ERTE, el teletrabajo y los medios informáticos que se están empleando. El calendario de la información exhaustiva demandada va desde el 1 de enero del presente año hasta la fecha del aviso.

En el primer ámbito, a la empresa requerida se le reclama, entre otros documentos, el registro de jornada de la plantilla (algo que muchas empresas han descuidado ante el confinamiento en los hogares de los trabajadores) y los justificantes del pago de salarios a los afectados por la suspensión de los contratos.

Sobre el ERTE en sí, se exigen los papeles de la solicitud y de su autorización por parte de la Autoridad Laboral, así como el calendario de días de suspensión de cada trabajador y la solicitud colectiva de las prestaciones por desempleo presentada por la empresa ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). De este organismo hay que justificar también las solicitudes de baja por prestación y las bases de cotización de los trabajadores afectados por el ERTE.

Las empresas inspeccionadas deben presentar una relación detallada de los contratos realizados y finiquitados antes y después del 15 de marzo, cuando comenzó el estado de alarma y quedó expresamente prohibido el despido de un trabajador con su contrato suspendido por las circunstancias excepcionales vigentes.