Más de un millar de ERTE con un total de 4.464 trabajadores afectados desde octubre y un sinfín más de nuevos trámites vinculados a la situación provocada por la crisis sanitaria han aumentado la presión sobre el Servicio Público de Empleo Estatal en Burgos un 517% con respecto a un mes de noviembre de un año normal, muy por encima de las medias regional (340% de crecimiento de expedientes) y nacional (315%). La situación cercana al colapso en el SEPE ha dilatado la espera para las citas al público "entre dos y tres semanas", según denuncia el sindicato CSIF, y ha puesto en evidencia las carencias crónicas de plantilla en este organismo público clave para la tramitación de la crisis laboral del coronavirus.
El SEPE cuenta con una plantilla de 69 trabajadores en Burgos distribuida entre las ocho delegaciones abiertas en la provincia (cuatro en la capital, Aranda, Miranda, Villarcayo y Salas de los Infantes). Es lo que queda tras la pérdida de 3.500 efectivos en este organismo a nivel nacional por las jubilaciones en los últimos diez años y la falta de reposición de las vacantes. Solo en 2020, en plena pandemia y crisis económica, terminarán su vida laboral unos 400 funcionarios.
La media de edad en este organismo estatal, que tiene su Dirección Provincial en la calle Jesús María Ordoño, es de 57 años, por encima de los 55 de media en la Administración General del Estado en Burgos y por debajo de los 61 años que alcanza la plantilla de 51 empleados públicos de talleres de Defensa del cuartel Capitán Mayoral, la más veterana de la provincia.
Según detalla José Antonio Vargas, representan de CSIF en el ámbito de la Administración General del Estado, desde que comenzó la crisis sanitaria se han incorporado al SEPE 14 funcionarios de refuerzo para la plantilla local y 2 efectivos de personal laboral para cubrir bajas por enfermedad de larga duración. "Paradójicamente, 6 de los 14 incorporados se han jubilado en los últimos meses, aunque las vacantes que se van produciendo por bajas o por jubilación se están cubriendo de una manera eventual, algo que hasta ahora, con la llegada de la pandemia, no ocurría".
Asimismo, entre los 69 trabajadores de este Servicio hay 8 funcionarios interinos que llevan anclados en esta situación laboral desde hace diez años, encadenando diferentes programas para salir y vincularse de nuevo a la plantilla.
Expedientes. La carga de trabajo en los últimos meses es "extraordinaria", denuncian desde CSIF, con un incremento de expedientes del 517% con respecto al mismo mes del pasado año, lo que visualiza la magnitud del momento al que se enfrentan. El principal generador de actividad en las últimas semanas procede de la segunda oleada de ERTE, sobre todo en la hostelería y, en menor medida, de los gimnasios, avalancha que también sufren los compañeros de la Oficina Territorial de Trabajo, dependiente de la Junta de Castilla y León, donde se supervisan y autorizan estos expedientes.
"Hay que tener en cuenta que en el mes de octubre el Gobierno cambió la reglamentación sobre los ERTE, lo que obligó a renovar los expedientes que ya estaban tramitados desde marzo, algo que ha contribuido a agravar aún más la situación", detalla Vargas. Asimismo, hay ERTE de la primera oleada que se están terminado de regularizar y que arrastraban carencias en su documentación, lo que implica reingresos y cambios en los pagos de ayudas efectuadas a los trabajadores en primavera.
Además, el SEPE también asume la gestión de otras 8 medidas, como el subsidio de empleadas del hogar, el subsidio de apoyo a los trabajadores de la cultura y a los trabajadores fijos discontinuos, entre otros.
Los ERTE iniciados tras la clausura de la actividad hostelera el pasado 6 de noviembre se empezarán a cobrar en la segunda semana de diciembre y ahí es donde se comprobará la diligencia o no en la gestión de los pagos a los trabajadores. Los ERTE cubren hasta el 80% del salario.
Menos temporalidad. CSIF advierte de la situación crítica en el SEPE, del "cansancio y resignación ante lo que se les viene encima" de los funcionarios. Demanda especialmente una reducción de la tasa de temporalidad, que alcanza un 30% en este organismo. "Esto conlleva que los trabajadores eventuales no tengan, en muchas ocasiones, la formación necesaria para gestionar estos momentos de crisis y de gran presión laboral. Y no hay tiempo para formarles".
Asimismo, dadas las listas de espera, CSIF ha solicitado que se amplíe la jornada de trabajo al horario de tarde (de forma presencial en oficina o teletrabajando), algo que ya hacen en la Seguridad Social, compensándolo con pagas extra y complementos de productividad. El funcionario del SEPE trabaja de 7,30 a 15,00 (37,5 horas semanales flexibles en jornada continua), aunque el horario de atención al público es fijo, de 9,00 a 14,00 horas.
Entre las peticiones de los sindicatos está también la convocatoria de una oferta de empleo público extraordinaria para el SEPE, con el fin de corregir el desequilibrio causado por las 4.000 bajas sin cubrir de la última década.