Las explotaciones mineras a cielo abierto que salpican el entorno de la ciudad han terminado por convertirse, en algunos casos, en un valioso recurso natural. Esta transformación se vivió en la pedanía mirandesa de Suzana, en la finca de Santa Ana, donde tras años de extracción de áridos se generó un importante humedal artificial que cuenta con una notable biodiversidad. Cuando finalizó la actividad, la Junta autorizó en 2017 un proyecto para restaurar el espacio degradado, aunque recordó la necesidad de aplicar todas las precauciones por ser una zona "de gran interés". La empresa que se encargó de la ejecución de las tareas no cumplió esta premisa. Por eso Residuos y Reciclajes Miranda ha sido condenada por un delito contra los recursos naturales y el medioambiente.

El Juzgado de Instrucción número 1 de Miranda ha dictado el fallo, que estipula una multa de 40 euros diarios a pagar durante seis meses. No es la única pena interpuesta ya que también reparará los daños causado en un plazo máximo de 18 meses y asumirá las costas judiciales del proceso. El caso se originó por un atestado de  la Guardia Civil en el que también figuraba la compañía Asfaltos y Firmes Burgaleses, que fue la que encomendó las tareas de recuperación a Residuos y Reciclajes Miranda. Además la Benemérita incluía dentro del proceso a otras cinco personas de entre los 42 y los 63 años. A pesar de este punto inicial, las acusaciones contra todas ellas y contra la empresa se han sobreseído.

La decisión es firme, ya que las partes manifestaron la voluntad de no recurrirla. En este sentido, también hay que tener en cuenta que la condena se produjo por conformidad, lo que supone que el acusado acepta la condena "libremente con conocimiento de sus consecuencias". De esta manera acata el fallo, que ha tenido una ligera variación respecto a la petición inicial  del Ministerio Fiscal, en el que pidió que Residuos y Reciclajes Miranda fuera multada con nueve meses de multa económica, en lugar de los seis decretados.

La reducción provoca que la cantidad a pagar quede en los 7.200 euros. Sobre la recuperación de las zonas dañadas, la sentencia no hace referencia al coste que puede suponer, aunque aclara que si no se acomete "se procederá en ejecución de sentencia a tasar el coste y ejecutar la misma a costa de la persona jurídica condenada".

En este caso el juzgado aclara que Asfaltos y Firmes Burgaleses responde de la obligación de restaurar los daños causados "de forma solidaria con la responsable penal, en concepto de beneficiaria a título lucrativo de los hechos condenados". La sentencia reconoce que no consta que la empresa tuviera "conocimiento del ilícito proceder" de Residuos y Reciclajes Miranda.

Dentro del proyecto de recuperación aprobado por la Consejería en 2017, la previsión era trabajar en  2.500 metros cuadrados. El cálculo establecía la utilización de 61.000 metros cúbicos para el rellenado del vaso con residuos de construcción y demolición. Al final fueron 45.005 toneladas que según la sentencia fueron "invadiendo y colmatando las zonas húmedas". El servicio territorial de Medioambiente comprobó que a consecuencia del depósito se redujo la laguna de 3.564 metros cuadrados a 1.577, a causa de las tareas realizadas por la empresa condenada.