Si por algo se caracteriza la Ley Orgánica 4/2015 de Protección a la Seguridad Ciudadana aprobada hace cuatro años por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, apodada por sus detractores como ‘ley mordaza’, es por su capacidad recaudatoria, especialmente cuando la sanción es por asuntos relacionados con las drogas. Este tipo de infracciones es la más común desde su entrada en vigor y en la provincia de Burgos  supuso el 60% el pasado año. Las multas tramitadas por consumo y cultivo de estupefacientes le permitieron al Estado ingresar 908.925 euros, según los datos aportados por el Ministerio del Interior.

En total, se contabilizaron 1.322 sanciones por hechos relacionados por droga en Burgos, lo que supuso un ligero incremento del 2% con respecto a 2017. La cuantía también fue superior a la del ejercicio anterior, concretamente 20.687 euros más. Las cifras confirman esa tendencia ascendente desde que el Gobierno aprobara la norma. De hecho, en los cuatro años que lleva en vigor se han duplicado tanto las multas como la recaudación.

Todas infracciones por drogas que se sancionaron en Burgos en 2018 fueron calificadas como graves y la gran mayoría fue por el consumo o tenencia ilícita de sus tancias tóxicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en vías públicas. Una multa recogida por el artículo 36.16. El resto, por la ejecución de actos y cultivo ilícito de estupefacientes en lugares visibles, siempre y cuando no vayan por la vía penal.

Según el Ministerio del Interior, el pasado año se impusieron 2.201 multas que supusieron un total de 1.325.276 euros. La tenencia ilícita de armas y explosivos fue la segunda infracción más común en la provincia de Burgos. Se contabilizaron 358 multas, un 70% más que en 2017, por las que el Estado ingresó 216.124 euros, 64.288 más que el ejercicio anterior. Se sancionó, principalmente, la exhibición o uso de uno modo negligente o intimidatorio, fuera de los lugares habilitados aun cuando en este último caso la persona infractora cuente con licencia.

La segunda causa más común es la fabricación, reparación, almacenamiento, transporte o comercio de armas reglamentarias, explosivos o artículos pirotécnicos y cuchillería sin autorización pertinente, tal y como recoge el artículo 36.12, que considera grave esta infracción. Cabe destacar, además, el pequeño incremento de sanciones leves por la exhibición de objetos peligrosos para la vida e integridad física de las personas con ánimo intimidatorio y por las que se recaudó un total de 1.800 euros.

La Ley de Seguridad Ciudadana contempla sanciones que van desde los 100 hasta los 600.000 euros en función de su gravedad. Así, por una infracción leve la cuantía puede oscilar entre el mínimo recogido por la norma y los 600 euros. Aquí se engloban conductas como la celebración de reuniones o manifestaciones en lugares públicos sin autorización, atentar contra la libertad sexual de las personas y protagonizar actos de exhibicionismo, incumplir la obligación de obtener la documentación de identidad o una práctica que de un tiempo a esta parte realizan los jóvenes como es la proyección de los famosos láser.

Las multas por las infracciones graves van desde los 601 euros hasta los 30.000. El cultivo y consumo de drogas en lugares públicos, la tenencia ilícita de armas, los escraches a los políticos, la desobediencia a la autoridad, la prostitución en la calle o la negativa a la hora de disolver una manifestación, son las más comunes dentro de este grupo y también las que suponen una mayor recaudación para el Estado.

Las cuantías más elevadas se imponen por infracciones que son consideradas como muy graves, como la celebración de espectáculos o actividades recreativas previamente prohibidas, las manifestaciones en lugares destinados para servicios públicos o la proyección de un láser sobre pilotos y conductores de transporte, por ejemplo. Desde la entrada en vigor, en Burgos no se ha contabilizado ninguna sanción de este tipo.