La Plataforma por el Ferrocarril Directo prosigue con su captación de fondos para interponer una demanda contra Adif y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al entender que durante la última década no han llevado a cabo las tareas de mantenimiento de las que son responsables en el tramo de la línea 102 comprendido entre la estación de Aranda de Duero y Manzanares-Soto el Real (Madrid). Unos trabajos que, como recuerdan, están obligados a realizar en base a la ley del sector ferroviario.
Así, junto a la recepción de donativos a través de su cuenta bancaria (BBVA ES68 0182 0784 0102 0159 1573), la Plataforma inicia ahora una segunda fase en busca del dinero que necesita a través de huchas que han repartido en diferentes establecimientos de Aranda de Duero. "Son muchas las personas que se han dirigido a nosotros diciendo que quieren colaborar, pero que les resulta complicado o no quieren hacerlo mediante una transferencia, por ello hemos puesto en marcha esta opción", comenta el presidente de la Plataforma ciudadana, Jorge Núñez.
Se han repartido huchas en los tres establecimientos de las panaderías Arrabal (Avenida de Burgos, calle Burgo de Osma y calle Moratín), en la farmacia de la calle Pizarro, en el bar La Torre de la calle Santiago, en la pastelería Tudanca de la calle Isilla, en papelería Repro de la calle San Gregorio, en la tienda Singer de la calle Santa Lucía y en el quiosco de prensa Hermanos Calvo de la plaza Arco Isilla.
Más de 4.700 euros. Hace dos meses que este colectivo anunciaba su intención de acudir a los tribunales para lograr que la vía ferroviaria entre Madrid y Aranda se reabra al tráfico y hasta el momento son más de 4.700 euros los que ha conseguido reunir, como informan en un comunicado.
"Con este dinero se ha podido pagar una parte del informe jurídico que estudia la extensa documentación acreditativa aportada por la Plataforma recabada en los últimos años, y uno de los tres peritajes que se han realizado sobre el estado de la línea: uno en la provincia de Madrid, otro en la de Segovia y otro en la de Burgos", agregan. Una vez que se hayan conseguido los 9.000 euros necesarios para pagar estos informes necesarios antes de acudir a los tribunales, los integrantes de la Plataforma explican que darán vía libre para que el despacho de abogados inicie la vía administrativa y proseguir si fuese necesario con la fase judicial.
"Estamos demostrando que los ciudadanos estamos interesados en que de una vez por todas hagan lo que tenían que haber hecho hace años, no dejar en el más absoluto abandono una línea que nos beneficia a todos, en lo económico y en lo social", argumenta Núñez, quien defiende que el impulso ciudadano tiene que ser apoyado por las administraciones locales, provinciales y por el tejido empresarial.