El que será el director del desmantelamiento de Santa María de Garoña, Manuel Rodríguez Silva, ahora jefe de operaciones de la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), ha desvelado en un seminario internacional sobre el impacto del cierre de centrales nucleares cuánto empleo se puede esperar del desmantelamiento de Garoña. Enresa ya ha realizado sus primeros estudios de una planta tipo de 500 megavatios y puesto que la de Tobalina tenía una 466, los datos son extrapolables. Hasta diciembre de 2012, en que se detuvo el reactor, la planta daba empleo a una media de entre 700 y 800 trabajadores y en los próximos años, el pico más alto estará en algo más de 350, sin alcanzar los 400, lo que significa una reducción a la mitad.
Así pues, como admitió el propio Rodríguez, "el desmantelamiento no sustituirá la actividad económica anterior, pero mitigará los efectos negativos del cierre durante un tiempo". En Garoña trabajan actualmente 104 personas pertenecientes a la plantilla de Nuclenor, que superaba los 300 trabajadores en 2012, a los que se suman de 130 a 140 empleados de empresas subcontratadas, como avanzó recientemente el director de la planta, Miguel Ángel Cortes. Así pues, el desmantelamiento apenas sumará poco más de un centenar de personas a las que ya están ejecutando tareas de mantenimiento de la central y preparatorias de su desmantelamiento, dado que Enresa, como anunció Rodríguez, seguirá contando con los servicios de Nuclenor "como un proveedor de servicios", una vez se transfiera Garoña a la empresa pública.
El seminario online, organizado por la Asociación de Municipios en Áreas Nucleares (Amac), a la que pertenecen los 14 municipios del radio de 10 kilómetros alrededor de Garoña, y el Grupo Europeo de Municipios con Centrales Nucleares (GMF) contó con 180 participantes de 25 países y ponencias de expertos de España, Suecia, Bélgica, Francia, Reino Unido y Bulgaria. Todos ellos explicaron su experiencia en el cierre de centrales.
Rodríguez avanzó como el trabajo que se ha realizado durante la última década para el desmantelamiento de Zorita (Guadalajara) "es el proyecto prototipo sobre el que se basarán el resto de desmantelamientos", como el inminente de Garoña, cuyo inicio está previsto para el tercer trimestre de 2022, aunque es probable que se retrase. En Zorita ya se está demoliendo el edificio que contenía el reactor después de haber sido vaciado y descontaminado de residuos radioactivos. Allí, como podría suceder en Garoña, el 64% de los trabajadores del desmantelamiento procedían de la provincia, pero solo el 37% del entorno más inmediato.
El jefe de operaciones de Enresa también desgranó como desmantelar una planta de 500 megavatios cuesta 467 millones. El coste en Garoña se ha estimado en 468 millones, pero hasta ahora se desconocía el desglose de este presupuesto. De estos costes, el más alto es el de la operación y mantenimiento de la seguridad física de la planta y d e servicios como por ejemplo la extinción de incendios y otros que obliga a mantener el Consejo de Seguridad Nuclear.
Esta parte alcanzará los 160 millones. Las obras civiles de desmantelamiento subirán a 126 millones y el diseño, supervisión y control de esas obras, es decir, proyectos, dirección de obra y otras tareas, supondrán otros 55 millones. La gestión del combustible significará otros 44 millones, aunque por otro lado y fuera de este presupuesto del desmantelamiento, están los 138 millones que cuestan los contenedores donde se alojará el combustible gastado. Otros costes menores completan la factura total.
Transición justa. En el seminario también participó el gerente del Instituto para la Transición Justa, Felipe Formariz, quien admitió que "no se puede dejar a nadie atrás", en referencia a los territorios que sufren el cierre de minas y centrales térmicas de carbón y nucleares. Formariz explicó como los procesos de transición justa afectan, en su mayoría, a zonas rurales y despobladas, como la que rodea Garoña, donde aseguró se está "a punto de firmar el protocolo" que posibilitará ayudas e inversiones.
Por su parte, el vicepresidente de Amac y alcalde de Vandellos, Alfons García, quien explicó que tras el cierre de Vandellos I "somos conscientes de que hay que aprovechar los recursos endógenos que antes no se han aprovechado". Destacó como en la zona "contamos con líneas de alta tensión e infraestructuras eléctricas que pueden ser utilizadas en un futuro para la generación y evacuación de energías renovables" y mostró su confianza en que el terreno, una vez desaparezcan todas las instalaciones, mantenga su calificación urbanística "para acoger otra instalación energética innovadora". Respecto de Garoña, Alfons García manifestó su deseo de la "firma inmediata del protocolo para la transición justa".