El PSOE duda entre recurrir la sentencia que tumba la expropiación de Torre de Miranda, adelantada por DB, o abandonar definitivamente el proyecto. La decisión dependerá en gran medida de la valoración que realicen los servicios jurídicos municipales del fallo, que echa por tierra la idea de abrir una nueva entrada al complejo residencial por la calle Recoletas. «En todo el procedimiento nos hemos ceñido siempre a los informes técnicos», asegura Soraya Solórzano, quien niega tajantemente que haya actuado con arbitrariedad, como le achacan los vecinos.
Sin embargo, la oposición pide al equipo de gobierno responsabilidades y que abandone la batalla judicial. Para el Partido Popular es «lamentable» que el Ayuntamiento haya sido condenado una vez más, pero considera que esta sentencia no resuelve el problema de fondo ya que pone fin a la expropiación, pero la otra parte en litigio, los propietarios de La Estación 23, seguirán privados de acceso directo a sus garajes. Por este motivo, los populares creen que alguien debería responder porqué se concedió en su momento licencia para construir ese edificio sin contar con los debidos accesos rodados, «verdadero origen de este problema».
Más duros en sus valoraciones son Izquierda Unida y Podemos, que han manifestado en reiteradas ocasiones a lo largo de estos 3 años su disconformidad con el proyecto. También han advertido durante todo este tiempo de las dudas legales que suscitaba la expropiación pero «el PSOE optó por atacarnos en vez de escucharnos, con una posición cerrada, soberbia y peligrosa para los intereses de la ciudad».
Ambos partidos recuerdan que hace un año la Comisión Territorial de Valoración ya se negó a fijar un precio a los terrenos por entender que no eran expropiables, una resolución que levantó mucha polémica porque el equipo de gobierno aseguró entonces que el fallo admitía varias interpretaciones, incluso poder hacer uso del suelo sin pagar. La concejala de Urbanismo aseguraba que así se lo había manifestado la propia comisión tras ponerse en contacto de forma personal para pedir aclaraciones a la sentencia.
Solórzano mantiene que aquellas conversaciones existieron y defiende el derecho de una administración a ponerse en contacto con otros organismos en este tipo de casos «aunque a algunos parece que les molesta que lo hagamos». Además reta a los demás partidos a que le digan «que parte del procedimiento nos hemos saltado» porque siempre han procedido en base a informes jurídicos, pero tanto IU como Podemos aseguran que «ahora que los tribunales confirman lo contrario a lo que ella dijo, debería salir a dar explicaciones, demostrar esas llamadas telefónicas y asumir responsabilidades».
También Ciudadanos pide al equipo de gobierno que ponga fin a la «ofensiva legal contra los vecinos de Torre de Miranda, pida perdón y Aitana Hernando diga los motivos de su enconamiento». La formación naranja va más allá al asegurar que si finalmente el PSOE decide recurrir la sentencia «los costes corran a cargo de sus sueldos municipales» ya que en el actual fallo se ha impuesto una condena de costas al Ayuntamiento, «algo que solo sucede cuando aprecia mala fe en las instituciones».
Para la oposición, es «insostenible» el nivel de judicialización de la gestión municipal y se preguntan por el gasto que para las arcas municipales suponen este tipo de procedimientos legales «a los que nos aboca el PSOE por decisiones partidistas».