El Ministerio de Fomento ha contestado ya a los primeros propietarios de terrenos expropiados en el primer tramo de la A-12 (Burgos-Ibeas de Juarros) que han pedido la reversión por haber transcurrido sin avances dos años desde que teóricamente empezaron las obras. Y lo ha hecho para comunicarles que no les va a devolver las parcelas porque "el contrato de obra firmado por la UTE Ocide Construcción SA y Joca Ingeniería y Construcciones SA sigue actualmente en vigor". Además, la Demarcación de Carreteras de Castilla y León Oriental asegura que dicho contrato "está dotado con anualidades suficientes para la ejecución" de dicho tramo, "tanto para este año 2020 como para los posteriores hasta la finalización" de la relación contractual. Hay que recordar, según publicó el BOE el 31 de enero de 2017, que fueron expropiadas un total de 856 parcelas, algunas de ellas de las Administraciones. La mayoría de ellas se hallan en Cardeñajimeno, 711. En Ibeas hay 57; en Castrillo, 51, y en Burgos capital, 37. Esta es la respuesta oficial que ha remitido el departamento que dirige José Luis Ábalos a los dueños del suelo expropiado, si bien es anterior al inicio de la crisis provocada por el coronavirus, cuyas consecuencias presupuestarias en este y próximos años están aún por determinarse.
La paralización de las obras del tramo entre Burgos e Ibeas de Juarros -después de unos mínimos movimientos de tierras- empezó a finales del año pasado a impacientar a los propietarios de los terrenos expropiados. Al punto de que algunos reclamaron al Ministerio de Fomento la reversión de las parcelas, es decir, que les sean devueltas para poder disponer de ellas como deseen. El Reglamento de la Expropiación Forzosa les concede argumentos para reclamar ese suelo. Podrán hacerlo -reza la normativa- "cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas más de dos años por causas imputables a la Administración o al beneficiario de la expropiación sin que se produjera por parte de éstos ningún acto expreso para su reanudación". Ahora el Ministerio les dice que no.
Al menos tres dueños de suelo han presentado ante la Demarcación de Carreteras del Estado de Castilla y León Oriental la petición de reversión de sus parcelas. Este periódico tuvo acceso a ellas y se dirigen a Fomento para ofrecer "la restitución de la indemnización expropiatoria percibida y actualizada conforme a la evolución del IPC en el periodo comprendido entre la fecha de inicio del expediente del justiprecio y la de ejercicio del derecho de reversión". De hecho, piden a la Administración un número de cuenta para hacer efectivo el ingreso del dinero. En resumen, que estos propietarios requieren su suelo y se comprometen a devolver lo que el Ministerio les pagó por ello.
Este periódico ha tenido acceso a las alegaciones presentadas por algunos propietarios contra la decisión del Ministerio de no devolverles las tierras. Así, uno de los escritos advierte de que "no es responsabilidad de los expropiados ni a ellos les corresponde la carga de la prueba sobre el cumplimiento o no del contrato de obras, ni sobre la concurrencia de causas de resolución del mismo". Y añade que es la Administración la que ha de "vigilar y exigir el cumplimiento de un contrato de obras que ha sido incumplido, al no haberse terminado las mismas en el plazo convenido, así como las penalizaciones que deban imponerse al contratista".
Según las fuentes jurídicas consultadas "todo indica que el asunto terminará en los tribunales, en el los juzgados de lo contencioso administrativo". Las mismas fuentes avanzan que, tras estas primeras peticiones, "es muy probable que se produzca un goteo de reclamaciones ante Fomento". Y es que, "al no reanudarse las obras después de dos años, sus titulares viven en la incertidumbre "de no poder venderlas, hipotecarlas o plantarlas".