Las viviendas dedicadas a la prostitución abundan desde hace años sin que nadie logre ponerle coto, lo que significa que acabar con este fenómeno no tiene una sencilla solución. El Defensor del Pueblo ha contestado al vecino de la calle Vitoria que denunció la existencia de un club de alterne camuflado en su bloque de viviendas y la única salida que le propone es la de acudir a los tribunales para interponer una demanda civil en virtud del incumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal. Y punto, porque la otra vía, la penal, está abierta, recuerda, «cuando se ha cometido un acto que pudiera ser constitutivo de delito o se ha producido una ofensa tipificada penalmente». Pero eso ya lo saben las comunidades de propietarios y la Policía.
La institución enumera y describe los pasos que pueden dar los afectados en caso de toparse con este problema. Así, advierte de que ni el propietario ni el ocupante de la casa pueden desarrollar actividades prohibidas que resulten dañosas, molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Es el presidente de la comunidad, tras acuerdo de la junta de propietarios, quien debe requerir el cese de dichas actividades bajo el apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes. Como los promotores de estos negocios hacen caso omiso a estas advertencias solo queda acudir a los tribunales para entablar una acción de cesación a través de un juicio ordinario.
La sola presentación de la demanda, de carácter civil, faculta al juez a acordar, con carácter cautelar, la cesación inmediata de la actividad bajo el apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia. Si después la sentencia es estimatoria el magistrado puede también privar del derecho al uso de la vivienda por un tiempo inferior a tres años en función de la gravedad de la infracción y de los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si se determina que el dueño no es el infractor, el fallo judicial puede declarar extinguidos sus derechos relativos a la vivienda y puede acordar su lanzamiento. En este proceso de desahucio, añade, «resulta conveniente solicitar la medida cautelar de clausura de la actividad ilegal».
Óscar Sánchez, residente en Londres, es el dueño de un piso de la calle Vitoria que ha denunciado la presencia de un prostíbulo en su bloque. Se plantea acudir a los tribunales si la comunidad se une para hacerlo, pero echa de menos la implicación de las Administraciones, especialmente el Ayuntamiento, a la hora de intervenir contra este fenómeno. De hecho, el alcalde, Daniel de la Rosa, no ha contestado a la carta en la que le pedía ayuda.
Este burgalés compró un piso en el tramo de la calle Vitoria que discurre por Gamonal, pero no fue advertido de que una de las viviendas del bloque era en realidad una casa de lenocinio desde 2017. Se enteró bastante después, cuando su primer inquilino le contó lo que sucedía y le informó de su intención de rescindir el contrato de alquiler antes de lo pactado por culpa de todas las incomodidades que le creaba la existencia de ese club de alterne camuflado. Al siguiente arrendatario -como ya conocía el problema- le bajó la cuota. Pero decidió no cruzarse de brazos y empezó a moverse para dar a conocer lo que sucedía allí.
En la misiva al alcalde detalla que «el prostíbulo lo gestiona el dueño de la misma vivienda donde se ejerce la actividad, lo cual causa muchas molestias a la vecindad». ¿Qué clase de incomodidades? Para empezar, resulta que el botón del telefonillo del piso en cuestión está estropeado, de modo que la clientela «llama a todos los timbres» y no precisamente a unas horas apropiadas, «sino en mitad de la madrugada en muchas ocasiones». Una vez que entran en el portal y, dado el estado en el que lo hacen algunos de los clientes, «tampoco aciertan con la puerta y llaman a varias, con lo que acaban despertando a muchos vecinos». Estas situaciones «se dan sobre todo los fines de semana, pero a diario también ocurre». «Hasta en pandemia continúa la actividad», lamenta Óscar. Y luego el burdel tampoco es que sea discreto, porque se oyen «voces altas, música, con lo que muchas noches resulta imposible conciliar el sueño».
Los vecinos han llamado en muchas ocasiones a la Policía, a la Local y a la Nacional, en los últimos cinco años, pero siempre comentan que «no se puede hacer nada si no tienen constancia de que se está cometiendo un delito flagrante en el interior de la casa». Óscar Sánchez reclama que el Ayuntamiento actúe, porque los vecinos de los bloques que soportan esta actividad «tienen el mismo derecho a vivir en paz».