El 10 de enero de 2017 fue un día complicado en la red de carreteras secundarias de la provincia. Hizo mucho frío, llovió y se desencadenó un fenómeno climatológico conocido como ‘lluvia helada’. El agua se congela tan pronto como toca cualquier superficie, asfalto incluido. Lo pagaron los residentes en la Demanda, sobre todo los que madrugaron. Ese martes se recibieron varios avisos de accidentes registrados en la carretera BU-821. Uno de ellos requería la presencia de los bomberos para excarcelar a los ocupantes del vehículo.
Salió hacia allí una dotación de bomberos de Burgos, pero el hielo les impidió llegar con el camión al lugar exacto del accidente, así que se cargaron los equipos y se echaron a andar por la carretera congelada para cumplir con su labor de auxilio. En esas apareció un vecino de la zona circulando en una furgoneta pick up. Los bomberos le pidieron que los acercara al lugar del accidente, cosa que hizo. Aparte de actuar como lo hacen las personas decentes, cumplió con el deber legal de obedecer al requerimiento de la autoridad.
Los efectivos del parque capitalino hicieron su trabajo y pidieron al conductor que los trasladara de vuelta hasta su camión. Había transcurrido una hora desde su encuentro casual, pero las placas de hielo seguían haciendo impracticable la calzada. En el trayecto de vuelta, la furgoneta comenzó a deslizarse hacia el talud de la carretera y volcó al salirse de la vía. Los bomberos pudieron saltar de la caja trasera porque el vehículo circulaba a poca velocidad. El conductor no resultó herido, pero arreglar el pick up le costó más de 7.000 euros.
El dueño de la furgoneta pidió a la Diputación, como titular de la vía, que se hiciera cargo del coste del arreglo, pero la Diputación se negó. Hubo incluso un dictamen del Consejo Consultivo -ver DB del 26 de diciembre de 2017- que daba la razón a la administración provincial. A saber, que la Diputación desplegó sus medios en tiempo y forma pero no pudo hacer más por mejorar el firme de la carretera. La petición fue desestimada y el afectado interpuso un contencioso administrativo en los juzgados de Burgos. Acaban de darle la razón.
El relato de lo sucedido aquella mañana ha sido calificado por la Sala 2 de lo Contencioso-Administrativo como «hechos probados». En el análisis de la causa, el magistrado alude a la mucha jurisprudencia existente sobre hasta dónde llega la responsabilidad de la administración en los accidentes provocados por las condiciones de una vía. Hay multitud de sentencias que concretan que no se puede exigir el perfecto estado de las calzadas de forma inmediata y que, además, los conductores deben ser conscientes en todo momento de cuáles son las circunstancias bajo las que circulan.
Sin embargo, el fallo estima que lo sucedido «deja bien a las claras que cuando el recurrente tuvo el accidente el hielo ocupaba la carretera desde hacía horas, la Diputación tenía conocimiento (o debía tenerlo) de este hecho habida cuenta de que se produjo el accidente y dio tiempo a acudir a los bomberos, bajarse del camión, andar casi un kilómetro, subir al vehículo del actor, rescatar al accidentado y volver» y «cuando volvió aún existía esa placa de hielo que impidió al camión de bomberos circular; ni se había señalizado el terreno, incluso debe afirmarse sin temor a equivocarse que simplemente no habían hecho ningún tipo de actuación para evitar o señalizar el posible riesgo», detalla la resolución.
En consecuencia, el Juzgado ordena pagar a la aseguradora del vehículo 270 euros por el coste de la actuación de asistencia y 7.249 euros al recurrente, al que estar en el lugar donde hacía falta echar una mano -o un volante- le iba a salir muy caro.