Casi dos años después de que se presentara en sociedad la Estrategia de Dinamización de la Zona de Garoña, con 22 medidas que costarían 119 millones, y tres desde que se acordara el cierre definitivo de la central nuclear, su entorno continúa sin ver un céntimo para la prometida reactivación económica, aunque ya se han perdido medio millar de empleos desde que se detuvo el reactor. La inconstitucionalidad del impuesto regional, que pretendía gravar la afección medioambiental del combustible radioactivo de Garoña, ha obligado a la Consejería de Economía y Hacienda a devolver a Nuclenor los 27,9 millones de euros recaudados desde enero de 2019 más 922.000 euros de intereses. En esta situación, desde esta consejería afirman que, «si es el Estado a quien le corresponde la recaudación, es el que debe invertir» en la zona.

«La Junta va a colaborar en todo lo que sea necesario», apuntan desde Economía y Hacienda, pero a renglón seguido subrayan que la reactivación del tejido productivo del entorno de la central se va a vincular a un Convenio para la Transición Justa que el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)ha anunciado, pero aún no ha puesto sobre la mesa. A ello añaden que el Gobierno central tiene «una doble obligación», la de financiar la reactivación a través de sus impuestos, al haber recurrido ante el Constitucional el regional, e «impedido» que la Comunidad autónoma ingrese el impuesto para invertirlo en el entorno de la central,  y la de redactar y pilotar el convenio para la transición justa. Asimismo, concluyen que «no se puede perjudicar los ciudadanos del entorno de Garoña, cuando es el gobierno el que decretó el cierre de la central».

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