El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1 de Burgos ha dado un durísimo golpe al exconcejal del PP Fernando Gómez en su pretensión por recuperar en vía judicial las dietas que cobró del Ayuntamiento indebidamente y que se vio forzado a devolver cuando, allá por el año 2015, estalló el caso y se vio obligado a dejar las filas populares para agotar la legislatura como concejal no adscrito. El varapalo del fallo no lo es tanto porque se le niega el cobro de estas indemnizaciones, que también, como por la manera en que el magistrado razona lo incomprensible de su pretensión.
El juez deja constancia en la sentencia que la reclamación de Gómez, que pedía el abono de 10.896 euros, «roza la temeridad» ya que exige el cobro de ese dinero tras «admitir y aceptar» que en el Ayuntamiento de la capital existía «una práctica habitual contraria a la norma que se ha consolidado por más de 14 años» y que servía para que algunos corporativos cobraran dietas sin la preceptiva justificación.
La sentencia deduce que Gómez «no solo estaba al corriente» de esa mala práctica, «sino que conocida se aquietó a ella y solo cuando fue declarada la evidente y grosera nulidad en que incurría con motivo de su petición de reembolso, decide articular esta pretensión de resarcimiento».
Gómez ya había intentado, sin éxito, recuperar esas indemnizaciones con una primera demanda cuya sentencia se notificó en septiembre de 2017 y de cuyos argumentos se sirve también este nuevo fallo judicial. Entre otros detalles, el magistrado ratifica también ahora que «parece muy difícil de argumentar que los miembros de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Burgos no tengan nada más que rellenar un formulario para recibir las cuantías solicitadas». Lo que se da por acreditado que hizo el exconcejal y quién sabe si algún corporativo más.
Tal es el asombro del juez que incluso afirma que «de forma incomprensible» Gómez ha seguido «basando su pretensión» de cobrar las dietas sabiendo que la normativa municipal que amparaba estos pagos «injustificados» vulneraba la legalidad.
Cabe recordar que Gómez, que en su etapa en el Ayuntamiento gozó de una dedicación exclusiva, se vio forzado a devolver más de 9.500 euros tras salir a la luz pública el cobro de dietas por viajes en los que tenía los gastos cubiertos.
En diciembre de 2015 se celebró un Pleno en el que se aprobó el dictamen de la comisión de investigación del llamado ‘Caso Gómez’ y cuya principal consecuencia fue instar al Órgano de Gestión Tributaria para que reclamara al concejal el dinero percibido en dietas. Los partidos de la oposición exigieron también el cese o dimisión y el 2 de febrero de 2016 Gómez salía del Ejecutivo aunque se negó a entregar el acta de concejal.
Tras tener que devolver el dinero que había cobrado indebidamente, Gómez no se quedó quieto y trató, primero por la vía administrativa y después por la judicial, de que se le ingresaran esos casi 11.000 euros. Pero en ninguno de los dos ámbitos se le ha dado la razón.
La sentencia, que obliga al que fuera presidente del Instituto Municipal de Cultura (IMC) y concejal del Ayuntamiento entre 2011 y 2019 a pagar las costas procesales, no admite recurso.