Los procesos de renovación de los principales órganos del Estado, tanto los judiciales como de tantas otras instancias, siempre han sido complejos. La causa de esta tradicional dificultad para alcanzar acuerdos, como bien se demuestra actualmente con la renovación del CGPJ o el Tribunal Constitucional, es bien conocida: el eterno equilibrio entre miembros con etiquetas de progresistas y conservadores, que cada gobierno ha tratado de romper e inclinar hacia su lado cuando tenía posibilidad de hacerlo. Y aunque es cierto que en los últimos años esta tarea, que requiere de mucho talante y altura de miras, se ha tornado más compleja, nunca ha resultado fácil. La diferencia es que en aquella época tanto el escenario como el contexto político era mucho más simple que en la actualidad. Entonces, solo entraban en juego las dos grandes fuerzas hegemónicas del país, PSOE y PP, de manera que las concesiones eran limpias y directas, sin implicaciones de terceros que pudieran alentar polémicas e incluso vetos. Ahora, ambas tienen que medir sus gestos, tanto a favor como en contra, porque su competencia política a derecha e izquierda no deja pasar oportunidad de pretender ser parte interesada.
La batalla que el Gobierno y el PP libran ahora por la renovación de algunos de esos órganos pasa en cuestión de días, e incluso de horas, de permitir albergar esperanzas a enterrar cualquier atisbo de acuerdo. Este sometimiento constante del interés general a la estrategia política de unos y otros es ya un abuso intolerable. Tienen suerte Pedro Sánchez y Pablo Casado de que el ciudadano esté en otras preocupaciones, esencialmente en las de aquello que les afecta directamente a sus bolsillos como la subida de los precios de los alimentos y de la energía, porque de lo contrario hundirían aún más la maltrecha imagen que la sociedad tiene de la clase política. Es urgente que ambos rebajen sus líneas rojas si no quieren que esta crisis, por ahora poco trascendente en el debate ciudadano, termine por derribar ese muro y deterioren, además de su imagen, la calidad democrática del país, que sería lo realmente grave.
Casado mantiene su línea roja de exigir al Gobierno unas reglas de juego distintas a las que el PP usó para obtener una mayoría de etiqueta conservadora en el CGPJ y Sánchez sigue aceptando las propuestas del PP para la renovación de otras esferas del sistema del Estado; ahora, incluso, aceptando vetos de Casado a perfiles del gusto del PSOE, con nombres y apellidos. Con ello, quien en este momento corre el riesgo de quedar atrapado poco a poco en el rincón de la intransigencia cuando no es él quien pone las reglas es el líder popular. Eso, sumado al empeoramiento de la crisis interna del PP de Madrid, podría llegar a cuestionar la estrategia como supuesta virtud de Casado.