21.000 euros del 0,7 social, posible fraude de la exgerente

F.L.D.
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El Colegio de Abogados defendió la procedencia del despido de María Teresa Gallego tras unos presuntos desfalcos que podrían superar, según las auditorías aún incompletas, los 500.000 euros

21.000 euros del 0,7 social, posible fraude de la exgerente - Foto: Jesús J. Matías

El Colegio de Abogados se vio ayer por primera vez las caras en los tribunales con la que fuera su exgerente, María Teresa Gallego, a la que despidieron tras descubrir unas presuntas irregularidades en las cuentas durante al menos una década y que podrían superar los 500.000 euros. Lo que ayer se trató en el Juzgado de lo Social número 3 fue precisamente ese cese que, según denunció la encargada de controlar los asuntos económicos del órgano de representación de los letrados de Burgos, era del todo improcedente. Su abogado insistió en la idea de que en esa supuesta mala gestión de los fondos no fue la única responsable y considera que, al margen de que a su juicio no se haya probado ninguna de las cuestiones de las que se le acusa, todas ellas han prescrito. No obstante, los letrados esgrimieron una serie de disposiciones monetarias con cargo al Colegio que iban a parar, según su versión, o a sociedades a su nombre y también de familiares, o a su propio bolsillo.

Para defender esa procedencia del despido, el representante legal del Colegio de Abogados de Burgos enumeró hasta ocho operaciones que Gallego realizó en su propio beneficio con cargo a la entidad. La más cuantiosa fue una transferencia de unos 110.000 euros a una sociedad llamada Camino Mirabueno y en la que figuraba como titular junto a su madre. Presentó una serie de documentos bancarios para demostrarlo, al igual que hizo con una transferencia de cerca de 60.000 euros por la que emitió una factura falsa para demostrar que había sido ingresada al Consejo General de la Abogacía.

Pero el presunto fraude más llamativo que expuso el letrado del Colegio fue un desfalco de 21.700 euros, una cantidad prevista para entidades sociales con cargo al 0,7% del presupuesto. En este caso, decidió ella misma que ese dinero iría destinado a la Fundación para la Abogacía, una entidad que, según les confirmaron posteriormente, nunca lo recibió, sino que fue a parar al bolsillo de Teresa Gallego. También presentaron transferencias a cuentas en las que la beneficiaria era su sobrina y en la que también aparecían como apoderados su hermano, su madre y ella misma. En total, incidió el defensor en sus conclusiones, las irregularidades podrían superar con creces el medio millón de euros, aunque recordó que aún se están auditando en aras de presentarlas como prueba en otro procedimiento, en este caso penal, que se encuentra actualmente en fase de instrucción y en el que, por cierto, presentará declaración la ex gerente hoy mismo.

En el juicio declararon testigos propuestos por ambas partes, como el decano del Colegio de Abogados, Guillermo Plaza, quien defendió que nunca tuvo constancia de irregularidades de la exgerente hasta que apareció una anomalía en la confección de las cuentas anuales del pasado año. El auditor contratado por este órgano lo corroboró durante su testifical: «Apareció una factura abonada el año anterior cuyo pago no había sido recibido por uno de los proveedores. A partir de ahí, se sucedieron los hechos y comenzamos a redactar un informe ante un posible fraude».

El abogado de Teresa Gallego reiteró durante toda la vista oral la idea de que en una gestión que, reconoció, «provoca cierto sonrojo», la única responsable no podía ser su representada, la cual negó la comisión de los presuntos fraudes que llevaron a su despido y que acreditaron, subrayó, en un informe pericial contratado de manera privada. Dicho perito, que también testificó, dio a entender que el movimiento económico iba encaminado a sufragar una deuda del Colegio hacia ella en concepto de pagos que ella realizaba con su tarjeta, por una baja laboral y por unas nóminas que supuestamente estaban pendientes.

El exdecano Joaquín Delgado, el exsecretario Arturo Almansa y la contable declararon ante la jueza que nunca tuvieron acceso a las cuentas porque era una labor de la que se encargaba exclusivamente Teresa Gallego.