La profesora del Príncipe de España que estaba siendo investigada por dirigir una escuela privada en Vitoria estando de baja, ha perdido  su plaza de funcionaria. La medida ha sido adoptada después de que el instructor de la Junta que se ha encargado del caso durante los últimos meses haya dictaminado que ha incurrido en una falta muy grave de incompatibilidad laboral. Aún así la expulsión ha quedado de momento en suspenso ya que la docente ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia. Si dicho organismo la ratifica, perderá definitivamente su puesto en la administración pública.

Carme Parra lleva seis años sin pisar el Príncipe. Durante todo este tiempo ha ido encadenando diferentes permisos médicos por lo que no ha dado ni una sola clase. Sin embargo su situación no había llamado la atención de las autoridades regionales hasta que su nombre apareció vinculado a la polémica suscitada en Vitoria con Montessori School, escuela que operaba sin licencia oficial y de la que supuestamente Parra era la directora.

La docente aseguró en su momento a medios alaveses que ella solo era colaboradora del proyecto y que no percibía remuneración económica, una versión que contrastaba con la ofrecida por familias y extrabajadores del centro consultados por este periódico, que aseguraban que cobraba a su nombre las cuotas mensuales de los alumnos, coordinaba las reuniones con los padres y contrataba a los profesores.

En la documentación oficial Parra figuraba como presidenta de la asociación pedagógica Montessori Vitoria, es decir que no era la titular directa de la escuela pero encabezaba la asociación que la impulsa, en una junta directiva  que completaban su pareja como secretario y una tercera persona que ejercía las funciones de tesorera.

Además, en abril de 2018 tuvo que pasar por los juzgados acusada de acoso laboral por parte de una profesora de la escuela alavesa despedida mientras estaba de baja por ansiedad. Durante el juicio quedó claro que Parra asumía responsabilidades en la gestión del centro, ya que ofreció explicaciones detalladas de la organización interna e incluso asumió personalmente algunas decisiones como la contratación de la denunciante.

El revuelo que originó el caso Montessori en la capital alavesa puso sobre la pista de la profesora del Príncipe a la Junta de Castilla y León. Aunque anteriormente varias familias afectadas ya se habían puesto en contacto con la Dirección Provincial de Educación de Burgos, la investigación se inició  tras recibir la documentación oficial por parte de las administraciones vascas. Lo que se trataba de esclarecer es si había cometido algún tipo de fraude en sus reiteradas bajas y sobre todo si había incurrido en caso de incompatibilidad profesional ya que durante las mismas supuestamente gestionaba la escuela Montessori. El proceso se ha alargado más de lo previsto pero finalmente el instructor ha determinado que la falta cometida «es muy grave», asegura el delegado territorial de la Junta, Baudilio Fernández Mardomingo, motivo por el que se ha determinado «su explusión de la función pública».

De momento, el nombre de Parra figura en la plantilla de docentes del Príncipe de España para el próximo curso, ya que ha recurrido al TribunalSuperior de Justicia de Castilla yLeón, que deberá dictar sentencia sobre si la sanción es acorde a la falta cometida.
La profesora ni siquiera se reincorporó a su plaza hace poco más de un año, cuando estalló el caso Montessori. De hecho en aquel momento la mutua le negó la baja, pero solicitó vacaciones y cuando le tocaba reincorporarse de las mismas presentó otro parte médico por lo que durante el último curso no ha pisado ni un solo día el colegio.

Tampoco la polémica con la escuela vitoriana ha concluido porque el pasado marzo el sindicato de enseñanza Steilas denunció que dos niñas mayores de 6 años aún reciben clase en un local situado en el centro comercial Gazalbide pese a no tener licencia para dicha tarea y desarrollar la misma en un lugar que no está habilitado como colegio.