22 denuncias en dos fiestas ilegales en Miranda

DB
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La Policía Nacional intervino en una fábrica abandonada de la carretera de Logroño y en un piso del centro de la localidad

Coche policial de noche a toda velocidad por Miranda de Ebro. - Foto: Christian Castrillo

Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro realizaron 22 denuncias durante el pasado fin de semana a las personas que participaban en dos fiestas ilegales, incumpliendo las medidas para prevenir los contagios de la covid-19.

La primera de las intervenciones tuvo lugar el sábado, día 27, cuando efectivos de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local mirandesa, acudieron a las instalaciones abandonadas de la antigua fábrica de papel, situada en la carretera de Logroño, donde al parecer se encontraba un numeroso grupo de jóvenes en actitud festiva. Los agentes encontraron a muchas personas consumiendo alcohol y escuchando música a gran volumen, incumpliendo las medidas establecidas para frenar la evolución de la pandemia.

Ante la presencia policial, los jóvenes abandonaron el lugar a la carrera, dejando abandonada ropa, mochilas y otros útiles, incluido el equipo musical. A pesar de ello, los agentes consiguieron identificar a 15 personas que fueron propuestas para sanción por incumplir las restricciones impuestas por la Junta de Castilla y León en lo que se refiere a la participación en reuniones de más de cuatro personas, así como por saltarse el confinamiento perimetral, ya que alguno de los denunciados procedía de otras autonomías.

Por otra parte, agentes de la Policía Nacional intervinieron un día después, el domingo, en un domicilio de la calle del Cid de la capital mirandesa, donde cinco personas no convivientes participaban en una fiesta incumpliendo otra de las restricciones establecidas por el Ejecutivo regional.

Durante todo el fin de semana, además, se levantaron por parte de la Policía Nacional 37 actas de denuncias por infracciones relacionadas con la covid-19 en Miranda de Ebro.

Desde la Comisaría se recuerda la obligatoriedad del estricto cumplimiento de todas las medidas impuestas para evitar la propagación del coronavirus, y que el incumplimiento de estas medidas puede acarrear no solo sanciones económicas, sino también responsabilidades penales.