El incidente protagonizado el pasado jueves entre el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el portavoz de Vox en el Ayuntamiento capitalino, Javier Ortega-Smith, supuso una especie de vuelta al pasado en materia de género. Porque en una discusión en la que el único punto en común es que hay que estar contra todo tipo de violencia, y no solo la que se produce contra las mujeres, contraviene todos los avances que se han producido desde 2003, cuando comenzaron a contabilizar todos estos crímenes machistas y a poner nombres y apellidos a las víctimas de esta problemática. Hace 16 años comenzó una visibilización que animó a muchas personas a denunciar como primer paso para acabar con el problema. En ese tiempo, en la provincia de Burgos se ha producido un incremento del 72% de las demandas de maltrato.
Según los datos del Observatorio de Violencia de Violencia de Género y contra la Mujer, en 2003 se contabilizaron 456 denuncias, mientras que en 2018 fueron 785 las mujeres que se atrevieron a acudir a las autoridades. El aumento ha sido progresivo a lo largo de esta década y media, pero lo cierto es que se han ido produciendo picos en todo ese tiempo. En 2008, justo a las puertas de la crisis económica, hubo 1.048 casos, y en 2013 fueron 771.
Este verano ha sido especialmente trágico con el asesinato de dos mujeres en la provincia de Burgos. El primero de los crímenes tuvo lugar el 8 de julio en Salas de los Infantes. Monika Asenova, de 29 años, murió apuñalada a manos de su marido en la vivienda que ambos compartían en la Plaza Mayor y que unos días antes había sido devorada por las llamas en un incendio que, según parece, pudo ser él mismo el responsable. El día 31 de ese mismo mes, Rafael Velázquez acabó con la vida de su esposa, Josefa Santos, de un disparo en la cabeza e hirió gravemente al hijo de ambos. El joven quedó tetraplégico debido a que los perdigones le afectaron a la médula.
Fueron las víctimas 12 y 13 de violencia de género en la provincia de Burgos desde que hay datos contabilizados. El primero de los nombres es el de Marisa Villaquirán, que desapareció en 2004 y su cuerpo aún no ha sido encontrado. Su ex marido fue condenado a 15 años de prisión por detención ilegal, lesiones y maltrato continuado. Más recientes son los crímenes de Ana Belén Jiménez y Silvia Plaza, dos casos de 2017 que aún no han sido judicializados.
Las cifras también se han elevado en el número de violaciones. En 2018, de hecho, se tocaron máximos del último lustro con un total de 45 casos instruidos por la Fiscalía, lo que supuso un incremento del 40% con respecto al ejercicio anterior. A nivel general, hubo una subida de los delitos contra la libertad sexual del 23% hasta llegar a un total de 118. Preocupa además que de los 44 casos de abusos, que también experimentaron un aumento el pasado año, en 11 de ellos la víctima fue una menor de 16 años.
Hace apenas dos días, el presidente de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Provincial, Francisco Marín, citaba en una conferencia un estudio que observaba un claro aumento de las violaciones en grupo desde el año 2016 en España, con un total de 134 hasta el pasado mes de agosto. Preocupa, sobre todo, que este tipo de agresiones no hayan parado de subir, ya que en 2017 hubo 14, en 2018 alcanzaron los 59 y en lo que va de 2019 se han contabilizado 42.
Entre todas ellas está la presunta agresión sexual hacia una menor de 16 años que tuvo lugar en Aranda de Duero en diciembre de 2017 y por la que están imputados tres ex jugadores de la Arandina C.F. por los que la Fiscalía y las acusaciones piden 44 años de prisión.