Cerca de una treintena de asociaciones de barrio de la ciudad acordaron ayer exigir de nuevo al Ayuntamiento que asuma el coste de los planes de emergencia, obligatorios desde la explosión de la sardina de Carnaval el año pasado. El encuentro se celebró en SanCristóbal tras conocerse que el área de Festejos no va a responder, aplicando el silencio administrativo, a las quejas presentadas por una serie de organizaciones vecinales ante las nuevas bases para las fiestas.
Es por ello que los 27 barrios reunidos plantearon la opción de que sea el propio Consistorio el que contrate los planes de emergencia y se los transfiera a las asociaciones de cada barrio. «Por lo que sea el Ayuntamiento no quiere hacerlo. Deja claro el hecho que contratar los planes de emergencia ya conlleva asumir una responsabilidad, que es precisamente lo que denunciamos nosotros», aseguraron ayer tras la reunión.
También se hizo una consulta entre todos los asistentes, a los que se preguntó que si, de continuar las condiciones actuales, realizarían las fiestas o no. El resultado fue rotundo: 25 barrios mostraron su negativa, mientras que dos lo hicieron pero con una serie de premisas, uno por motivos económicos y otro por tener ya comprometido buena parte del programa.
Es por ello que van a solicitar al concejal de Festejos, José AntonioAntón, una reunión a ser posible esta misma semana, en la que poder trasladarle nuevamente sus reivindicaciones. Además, no descartan movilizaciones, aunque esperarán al encuentro con el edil del PP para concretar acciones.
Los delegados de cada barrio que participaron dejaron claro que su intención es «siempre» que se celebren las fiestas, pero no están dispuestos a asumir responsabilidades que puedan acarrearles problemas económicos o de índole civil. «Queremos organizarlas, pero con estas condiciones no podemos garantizar su cumplimiento y lo venimos diciendo desde el principio», indicaron.
las bases, cuestionadas. El problema surgió a finales del pasado mes de enero cuando el Instituto Municipal de Cultura, ente que reparte la subvención para la celebración de las fiestas, varió las bases que deben cumplimentar las asociaciones para optar a un montante económico determinado. De esta manera, el IMC traspasó la categoría de organizador a los vecinos, haciéndoles responsables a título personal de los posibles incidentes que pudieran derivarse de los actos.