Tras un mes parados se esperaba que los juzgados recibieran ayer un aluvión de escritos y demandas, más aún teniendo en cuenta que desde que se decretó el estado de alarma se han aprobado miles de ERTES, al tiempo que en otras materias como en Familia se han creado controversias sobre las custodias que auguraban un aumento de pleitos. Los funcionarios no descartaban incluso que esa pequeña avalancha colapsara los sistemas digitales, como ya ha ocurrido en otras ocasiones. Sin embargo, la jornada se desarrolló con normalidad. Los ocho juzgados de la jurisdicción Civil fueron, con diferencia, los que más volumen de trabajo ingresaron, con unas 300 presentaciones, aunque las cifras entran dentro de lo habitual. Los órganos de lo Social, donde se prevé una gran carga de procedimientos una vez termine el confinamiento, también mantuvieron una estabilidad, lo que muestra que los conflictos laborales están en el punto de la mediación.
Además de esos 300 escritos presentados en la jurisdicción Civil, se sumaron 50 nuevas demandas. Todo este trabajo se dividió entre los ocho de Primera Instancia, uno de los cuáles está especializado en Familia e Incapacidades y otro en asuntos relacionados con los asuntos bancarios (cláusulas suelo, vencimiento anticipado y multidivisa). Aunque la diferencia con el resto de órganos fue notable, lo cierto es que, al ser un mayor número de juzgados, el volumen no dista mucho de un día habitual antes de que el Gobierno decretase la cuarentena. Así lo cree el decano del Colegio de Abogados, Guillermo Plaza, que asegura que la jornada de ayer se desarrolló con normalidad.
El hecho de que en lo Civil se engloben más juzgados que en el resto de jurisdicciones no es la única explicación de por qué soportaron más carga de trabajo. También hay que tener en cuenta que entre los ocho órganos que la conforman está el de Familia e Incapacidades. Su titular decidió suspender los regímenes de visitas mientras durase el confinamiento para preservar la seguridad sanitaria, si bien mantuvo las custodias compartidas. Esto levantó una serie de críticas entre los abogados especializados, que opinaban que tenían que mantenerse y prevalecer el sentido común entre las parejas divorciadas a la hora de cumplirlos. Teniendo en cuenta que la relación conflictiva de muchos ex cónyuges es pésima, se temió que algunos de ellos utilizasen la situación de alerta como excusa y provocar un enfrentamiento judicial.
En cuanto a la jurisdicción Social, donde se engloban las materias laborales, es decir, todo lo relacionado con los ERTES y los despidos, la presentación de escritos fue muy inferior. Los tres juzgados recibieron un total de 67 y cinco nuevas demandas. Esto, según Plaza, tiene bastante sentido, ya que "todos estos procedimientos tienen la obligación de pasar por un acto de conciliación y mediación entre empresas y trabajadores". Es decir, el aluvión de asuntos se verá una vez termine el estado de alarma, cuando se vea el impacto real de la crisis.
Temor a despidos que colapsen el sistema. Y es que, hasta el momento, lo que más se han producido han sido expedientes de regulación temporal de empleo, algo acordado por empresarios y trabajadores dada la baja actividad. Sin embargo, muchos abogados laboralistas temen que la situación provoque despidos que se agolparán en unos juzgados que ya acumulaban un retraso importante y que corren el riesgo de colapsar en los próximos meses.
Por último, en lo Contencioso-Administrativo se registraron alrededor de 20 escritos 5 nuevas demandas. El decano de los letrados burgaleses opina que se está actuando con mesura y precaución a pesar de que a lo largo de un mes se ha acumulado el trabajo y que muchos profesionales tenían cierta ansiedad por sacar algunos procedimientos adelante. "Creo que hay mucha gente que no ha querido presentar nada por miedo a que no se tramiten o que se pierdan. Estamos siendo muy cautos", apunta.
Los funcionarios de justicia temían que el levantamiento de las restricciones para presentar escritos en los juzgados provocase un colapso en los medios digitales como Lexnet. Sin embargo, los abogados defendieron desde el principio que la medida acordada por el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial estaba encaminada precisamente a aliviar la situación y a facilitar que los trabajadores pudieran ir avanzando en algunos asuntos antes de fin del aislamiento.