Los expertos en ingeniería de sonido aseguran que 40 decibelios es un nivel de ruido «moderado» y equivalente al que provocan una conversación en un tono normal, una habitación con algo de actividad o una nevera. Pues bien, según la normativa de la Junta de Castilla y León, es el límite que tienen que tener los bares que no disponen de licencia de pub, que en Burgos son la mayoría, pero siempre se ha superado -sin consecuencias- por la imposibilidad de que la música de un local nocturno suene por debajo de esa intensidad si se quiere crear un ambiente festivo. Esta situación se ha cortado abruptamente hace apenas unos días. Una denuncia de un hostelero ante el Ayuntamiento ha hecho que este empiece a hacer cumplir a rajatabla una normativa que desde distintas fuentes, incluido el propio alcalde, Daniel de la Rosa, se considera «obsoleta» y que, de hecho, está a punto de cambiar en cuanto entre en vigor uno de los nuevos apartados de la Ley del Ruido de Castilla y León, que eleva hasta 75 decibelios el límite de emisión sonora en interior y que en la actualidad se encuentra pendiente de la emisión de dictamen por parte del Consejo Consultivo.
Los bares afectados son, de momento, alrededor de 40 -sobre todo de las calles La Puebla, San Juan y de las Llanas-, y en varios de ellos los técnicos municipales han procedido ya a precintar los equipos de música. Otros han preferido quitarlos ellos mismos y todos han recabado asesoramiento legal y están preparando una petición ante el juzgado para que se puedan paralizar los expedientes: «El motivo por el que vamos al contencioso son los errores que se han producido en el proceso, quizás provocados por el hecho de que esta normativa lleva vigente desde 2009 sin que hasta ahora se haya ejecutado su cumplimiento y cuando quedan pocos meses para ser revocada, está habiendo todo tipo de prisas por hacerla cumplir a toda costa».
Los propietarios están completamente alarmados, además, por las consecuencias. De momento, calculan que se pueden perder alrededor de doscientos puestos de trabajo: «Sin música no vamos a poder abrir y el impacto económico no solo va a ser sobre los empleos directos, porque se van a cerrar muchísimos locales, sino también de forma indirecta: las empresas de distribución están ya enormemente preocupadas porque saben las pérdidas que supone que la hostelería tenga un bache», afirman.
Lamentan, además, que sea una denuncia de un particular a otros sin que medie ninguna actividad molesta o insalubre. «Hay proyectos en el aire, gente con obras de reforma a punto de comenzar que ahora dudan de si seguir adelante o no y la sospecha de que la lista de afectados se pueda disparar ya que entendemos que si actúan en los bares del centro procederán de la misma manera con todos los establecimientos que dispongan de la misma licencia ya que, insistimos, no se trata de generación de ruidos insalubres en una zona saturada sino del tipo de licencia que tenemos», añade un portavoz.
El sector de los bares de noche, aseguran, lleva más de dos décadas solicitando una mejora en sus licencias pero, a su juicio, lejos de mejorar, las administraciones han sido cada vez más restrictivas con los ruidos «hasta el punto de exigir el silencio absoluto en locales con licencia de bar».
Los hosteleros afectados se han reunido con los grupos municipales para hacer frente a esta situación y agradecen «el interés que se han tomado». En este sentido, el alcalde, Daniel de la Rosa, insistió en que el Ayuntamiento «está atado de pies y manos y ante una denuncia tiene la obligación de actuar porque hacer otra cosa sería prevaricar». Así, anunció que ha pedido a los procuradores de su partido que hagan lo posible para acelerar el cambio legal y exigió a la Junta que con la máxima celeridad apruebe la modificación de la normativa que eleva a 75 los decibelios permitidos. «La que está actualmente en vigor está obsoleta, es un desastre».
Otra de las interlocutoras de los hosteleros ha sido la concejala de Ciudadanos Rosa Niño, quien lamentó que la ley esté creando «un problema para muchas familias» y avanzó que está haciendo gestiones con los procuradores de su partido para que el cambio de la norma se realice cuanto antes: «Soy partidaria de respetar las leyes pero no me gustan las injusticias. Y esto es una injusticia».
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