Al limbo el acuerdo de Policía Local que reduce 24.000 horas

Á.M.
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Negociado discretamente durante meses, supondría incrementos en las retribuciones de más de 100 efectivos que oscilan entre el 4 y el 19%

Imagen de archivo de efectivos de la Policía Local de Burgos - Foto: Luis López Araico

Medio año de negociaciones discretas y alejadas de todo foco no ha servido para materializar un nuevo acuerdo de organización de la Policía Local, que tampoco tendría más significación de lo que se antoja una pertinente adaptación a los tiempos que corren si no fuera por un par de detalles: implica la pérdida de más de 24.000 horas de servicio y una subida salarial para buena parte de la plantilla de entre el 4 y el 19%, lo que se traduciría en un coste de 180.000 euros al año.

El acuerdo se cocinó entre el intendente del cuerpo, Fernando Sedano, y la exconcejala de Personal, Carolina Blasco, al margen del servicio de Personal del Ayuntamiento de Burgos y de la edil entonces responsable de Seguridad Ciudadana, Gema Conde. Se pretendía pagar con dinero de las modificaciones de crédito aprobadas en el pleno de mayo para ejecutar inversiones y otra serie de mejoras en materia de recursos técnicos y humanos. Jamás se concretó en esa modificación que se incluyera este acuerdo en los términos en los que se pretendía hacer entrar en vigor.

Así, fue llevado a la Junta de Gobierno Local en el menos tres ocasiones en el último mes de la legislatura. Se presentó para su aprobación a pesar de que en el mes de marzo la jefa de Personal emitió un demoledor informe en el que pone de manifiesto toda suerte de fragilidades en el acuerdo. Según confirman varias fuentes conocedoras de este asunto, Personal advirtió que la reestructuración supondría el incremento del complemento específico para la mayoría del cuerpo y del complemento de destino de todos los puestos, además de anular los acuerdos anteriores, que se remontan a 2009 y se basaron en incrementar la presencia policial en las calles a cambio de una mejora progresiva del citado complemento de destino. Al reducirse las categorías, el acuerdo propone igualar a todos los efectivos con el puesto mejor retribuido dentro de su misma graduación, de ahí que acabara costando más dinero.

En cuanto a las horas, y siempre según el análisis de Personal, la derogación del acuerdo aún vigente y la entrada en vigor del planteamiento del intendente en los términos pactados con Blasco implicaría la pérdida de 24.000 horas de trabajo. O lo que es igual, el equivalente a 16 policías o 2.935 jornadas de trabajo. Una propuesta de difícil encaje para un servicio que realiza más de 5.000 horas extra al año y se enfrenta a jubilaciones masivas inminentes.

DEFECTOS DE PROCEDIMIENTO. El acuerdo fue finalmente aprobado por la Junta de Gobierno tras varios intentos, pero quedó supeditado. ¿A qué? Pues a la corrección de cuestiones nucleares para que no decaiga antes incluso de entrar en vigor. Tanto la jefa de Personal como el vicesecretario general del Ayuntamiento, fedatario de la Junta de Gobierno, advirtieron desde el primera intento que faltan dos documentos clave. El primero, el informe e fiscalización de la Intervención general.

Hasta donde este periódico ha podido saber, dicho informe no existe. Blasco habría propuesto interpretar que el informe de Intervención elaborado para las modificaciones presupuestarias que se llevaron al Pleno (de las que saldría el dinero para pagar el incremento de las retribuciones a la Policía) sería suficiente, pero eso ha sido rechazado de plano por los jurídicos municipales. Es necesario un informe ad hoc que, al menos a finales de la pasada semana, no existía.

Además, para poder proceder a la aprobación del acuerdo sería necesario que existiera una valoración de los puesto de trabajo. Esa condición, a la que obliga la legislación vigente, se ha intentado burlar incluyendo en el texto del acuerdo que podrá hacerse en un plazo de dos años, pero el viceinterventor no tragó. La respuesta de Blasco fue encargar a una empresa privada que realizara ese trabajo, que según algunas fuentes costó en torno a 8.000 euros. El documento externo fue considerado defectuoso por el vicesecretario y el asunto volvió a quedar supeditado. Y así se llegó a la última Junta de Gobierno del mandato, convocada por urgencia y en la que, pese a que ninguna explicación pública se ha dado, se volvió a tratar este asunto. Fue aprobado, aunque no será válido si no cuenta con los dos referidos documentos.

FUNCIONARIOS 'ENCENDIDOS'. La negociación se ha llevado con toda la discreción posible (en el seno de la anterior oposición al Ejecutivo de Javier Lacalle todos aseguran no saber nada del tema o haber oído campanas sin saber dónde) y no se ha hecho público ninguno de los intentos de ratificarla en la Junta de Gobierno, pero de puertas para adentro no es un secreto. No lo es porque el marco de las negociaciones Sedano-Blasco fue la mesa general de funcionarios (se reunieron al menos en diciembre de 2018 y enero de 2019).

La noticia de que a la Policía Local, que cuando ha querido mostrar capacidad de presión ha sido muy efectiva en la consecución de sus objetivos laborales, reivindicación que suele hacer coincidir con la llegada de nuevas corporaciones, iba a lograr una mejora salarial notable cayó mal en el seno de un cuerpo de funcionarios que ha cortado líneas hace años con el poder político o, en el mejor de los casos, las mantiene muy debilitadas.

Porque otro problema del acuerdo es que conculcaría el Real Decreto Ley 24/2018 del 21 de diciembre, en el que se establece que los incrementos de las percepciones salariales en el sector público están limitadas al 2,25% a lo largo de este ejercicio. Por contra, los dos mayores verían mejorada su ‘paga’ en un 9,5%; los inspectores, entre el 4 y el 5,3%; el 13,45% los subinspectores; entre el 8,5 y el 13,5% los oficiales; entre el 9,1 y el 19,7 los agentes (que son los que peor retribución tienen) y los agentes en segunda actividad (cuya existencia, por cierto, se propone suprimir en el acuerdo) un 0,5%. Esa tabla la manejan docenas de trabajadores municipales ajenos a la Policía Local.

Según ha podido contrastar este periódico, ya se preparan recursos desde distintos servicios para tumbar el acuerdo en el supuesto de que la nueva Junta de Gobierno acabe logrando que el vicesecretario, el interventor y la jefa de Personal lo informen favorablemente. Un campo de minas en toda regla.