Los vecinos del entorno sugirieron en verano la idea de las cámaras y ahora el Ayuntamiento está dispuesto a estudiarlo, a la vista de que el enésimo arreglo de las escaleras mecánicas que suben de Hospital de los Ciegos hasta la iglesia de San Esteban se ha complicado más allá de lo razonable.
Lo que debería ser un elemento de utilidad pública, sobre todo para las personas mayores que viven en el casco histórico alto y padecen dificultades de movilidad, se ha convertido en un permanente dolor de cabeza para los responsables municipales. Por eso la colocación de cámaras de videovigilancia podría ser un mecanismo disuasorio de primer orden, que sin embargo presenta dificultades de tipo técnico e incluso legal que deben ser cuidadosamente valoradas.
Según el testimonio de varios residentes en la zona, las escaleras que discurren junto al CAB han estado paradas varios meses, aunque su reparación se ultimó este mismo fin de semana.
El arreglo comenzó en agosto con la contratación de unos trabajos por algo más de 5.000 euros por los que la empresa Schindler debía cambiar unos cristales reventados por el vandalismo. Estaba previsto que solo durase un mes y medio, pero se han alargado y ahora el concejal de Vías Públicas y Conservación, Adolfo Díez, relata que están intentando implementar cambios en el funcionamiento que evite la paralización constante de las escaleras, pues basta con que los vándalos metan piedras, palos, frenen de manera forzada el pasamanos o pulsen el botón de emergencia para que la empresa de mantenimiento tenga que acudir una y otra vez a repararlo y reiniciarlo.
De ahí que los responsables municipales se estén planteando muy seriamente la opción de las cámaras. Para ello sería necesario utilizar la red de fibra óptica municipal para garantizar su permanente conexión, algo que no parece técnicamente muy complicado. Pero además habrá que afinar con el alcance de la visión de las cámaras y la custodia de las imágenes. La preservación de la intimidad de los vecinos o transeúntes del entorno es importante desde el punto de vista jurídico y, como ya ha ocurrido en otros casos de videovigilancia en la calle, tendría que contar incluso con la autorización de la Subdelegación del Gobierno.
Por eso, apunta el concejal, tendrá que ser objeto de valoración por parte de los técnicos municipales aunque Díez entiende que "es una medida disuasoria que podría resultar muy eficaz".
Un representante de la asociación del Casco Histórico Alto insiste en que a la hora de colocar las cámaras habría que ser especialmente cuidadosos con las implicaciones legales y con preservar la libertad de los vecinos, pero admiten que "igual una cámara intimida y tampoco vas a tener a un Policía allí todo el día para asegurarnos de que quien la hace la pague". Todo sea por asustar a los indeseables que dilapidan el dinero público divirtiéndose con sus agresiones.
400.000 euros y otros tantos disgustos. Desde el principio se temió que las escaleras mecánicas y el ascensor que baja hasta Fernán González iban a ser difíciles de mantener. Quizás nadie se imaginaba que tanto.
Ambos elementos, inaugurados en 2011 como parte de la remodelación del casco histórico alto, permiten salvar uno de los mayores desniveles de una ciudad fundamentalmente plana en un barrio envejecido, pero son fuente de problemas.
Costaron 400.000 euros, casi tantos como veces ha tenido que ir la empresa de mantenimiento a repararlos por culpa del vandalismo que los bloquea, los orina y los grafitea.