Retrasos en los diagnósticos y tratamientos, empeoramiento de la salud, problemas de ansiedad y depresión, reducción de transplantes... Las consecuencias que la pandemia ha tenido y sigue teniendo en las personas con algún tipo de discapacidad o en riesgo de exclusión han mermado sus derechos fundamentales. "El año 2020 nos ha puesto a prueba como ciudadanos. Nos ha obligado a parar, pero las personas con discapacidad no lo han hecho y las asociaciones tampoco. Al revés, hemos aumentado los servicios y la atención a las personas", ha apuntado esta mañana María Jesús Murillo, presidenta de Prosame.

Esta asociación como otras tantas en la provincia han tenido que reforzar su actividad mientras sus ingresos se han reducido. Por eso más que nunca reclaman a los ciudadanos que marquen la casilla 106 en la declaración de la Renta. De ese gesto solidario se beneficiarán 65 proyectos de 22 asociaciones.

El año pasado lo hicieron en España 11,5 millones de personas, lo que supone un 55% de la población. En Burgos fueron el 65% (3 millones y medio de euros), el porcentaje mayor de la región, pero desde las entidades sociales creen que se puede hacer más.