El Juzgado de Instrucción número 1 de Burgos investiga a un hombre de 38 años y nacionalidad búlgara como presunto autor de un delito de abusos sexuales hacia una menor. Fue la madre de la niña, de siete años, la que interpuso la denuncia en la Comisaría Provincial después de conocer los hechos. La Policía Nacional le detuvo horas después en un albergue, donde descansaba antes de partir de vuelta a su país de origen. El magistrado de guardia le mandó a prisión, donde permanece desde el mes de septiembre a la espera de saber si termina sentándose en el banquillo por estos hechos. 

Según parece, el ahora investigado llegó a Burgos a finales de verano para trabajar como temporero en la vendimia. Al no tener arraigo en la capital, se instaló en la casa en la que vivía una prima con su pareja y su hija de siete años. Tras unos días de convivencia, la menor confesó a la madre que su tío segundo había abusado sexualmente de ella. Según relató la progenitora en sede policial, este hombre se había metido en la cama con la niña. Una vez dentro, comenzó a tocarle el trasero y la tripa. Seguidamente, relató, se bajó los pantalones y la forzó a tocarle los genitales, algo a lo que accedió porque la tenía fuertemente agarrada. Según la denuncia, llegó incluso a eyacular en las sábanas. 

Nada más enterarse de lo sucedido, la madre echó a su primo de casa, que se refugió en un albergue de la ciudad a la espera de conseguir billete para volver a Bulgaria. Esperaba, de hecho, que fuera su familia la que se lo consiguiera. Sin embargo, los agentes de la Policía Nacional le detuvieron antes. Una vez arrestado, se acogió a su derecho a no declarar ni en la propia Comisaría ni tampoco ante el Juzgado de Guardia, quien no obstante decretó su ingreso en prisión comunicada y sin fianza, donde permanece desde entonces. 

Su abogado presentó hace unas semanas un recurso ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba la puesta en libertad de su representado. El juez desestimó la alegación al considerar que existían varias razones para mantener la prisión provisional y sin fianza. En primer lugar, porque el delito del que se le acusa, contemplado en el 183.1 del Código Penal, está penado con entre dos y seis años. Si se tuvieran en cuenta agravantes, la condena sería la máxima. No obstante, el juez aclaró que «la aplicación de la medida no debe de reducirse a una simple operación matemática atendiendo a la gravedad». 

En este caso, expone el magistrado ponente, «la prisión provisional comunicada y sin fianza tiene como finalidad el evitar la fuga del investigado», ya que existe el «temor fundado» de que se produzca por la gravedad de los hechos y por la falta de arraigo del mismo en territorio español. Se busca, además, evitar que el investigado pudiera actuar contra bienes jurídicos de la víctima o su familia, pues lógicamente son ampliamente conocidos.