El Gobierno lleva semanas escenificando sus diferencias en torno a la derogación o el 'lavado de cara' de la reforma laboral. Yolanda Díaz se ha erigido como la gran defensora de eliminarla por completo, presionando incluso al presidente Sánchez con romper el acuerdo de coalición si no seguían por la senda que ha marcado Podemos en connivencia con los sindicatos. Mientras, Nadia Calviño ha tratado de convencer a la mayoría de la necesidad de sólo retocar los aspectos más lesivos de la misma, sin entrar en confrontación con una patronal que ya ha advertido que la primera de las opciones puede perjudicar a un mercado laboral que, si bien ayer registró el mejor mes de octubre de la serie histórica, su tasa actual de desempleo duplica a la media que se registra en la UE. El Ejecutivo, que un día dice una cosa y al siguiente la otra, finalmente ha defendido que su intención es la de 'derogar', sin entrar en más detalles y centrándose únicamente en las líneas maestras de los cambios que se deben llevar a cabo, como si se tratase de una huida hacia adelante para contentar a su socio de Gabinete. 

Mientras pretenden cambiar la reforma laboral antes de que acabe el año, el Gobierno tiene otro enorme reto antes del día 15 de este mes, cuando ha de presentar las medidas que quedaron pendientes en la reforma de las pensiones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha planteado subir medio punto las cotizaciones para tratar de recuperar la maltrecha hucha de las pensiones que ha pasado de contar con cerca de 66.000 millones, antes de la crisis de 2008, a quedarse en apenas 2.000. La propuesta elevaría la presión fiscal a los trabajadores durante una década desde 2023 para tratar de garantizar la pensión a la denominada generación baby boomer. El nuevo mecanismo supondría para un sueldo medio unos 10 euros al mes y vendría a sustituir al factor de sostenibilidad, como se exigía desde Bruselas, pero se desconoce qué parte del incremento recaería en la empresa y qué porcentaje le correspondería al trabajador.

La iniciativa no ha gustado ni a sindicatos, que no creen que se puedan conseguir 1.000 millones al año como pretende el Ejecutivo, ni a una patronal que siempre se ha opuesto a la subida de cotizaciones. Siendo conscientes de la pésima situación en la que se encuentra el fondo de reserva de la Seguridad Social, los agentes sociales deben valorar la mano tendida del Ministerio que busca fórmulas para salvar el sistema de pensiones y que los nacidos entre finales de la década de los 50 hasta mediados de los 70 puedan cobrar la prestación por jubilación, aunque la medida no deje de ser otro parche.