El Servicio Municipalizado de Movilidad y Transportes (Smyt) del Ayuntamiento de Burgos ha rescatado del cajón un acuerdo de un Pleno celebrado hace 3 años (de marzo de 2018) para enviar a las dos asociaciones de taxis que hay en la capital una comunicación en la que se les informa de que «a partir de la recepción de la misma» será «obligatorio» que los vehículos que se incorporen a la flota sean 100% eléctricos o estén propulsados por Gas Licuado del Petróleo (GLP), por Gas Natural Comprimido o Licuado (GNC o GNL) o por pila de combustible.

La notificación de esta medida ha causado una gran sorpresa en la Asociación Burgalesa del Taxi (Abutaxi), que ya se ha puesto en contacto con sus servicios jurídicos para que analicen esta imposición.

El presidente de Abutaxi, José María Alegre, quiere ser prudente a la hora de pronunciarse ya que, por un lado, expresa su respeto al acuerdo aprobado en el Pleno hace 3 años (en una proposición declarativa que no imperativa) y al mismo tiempo manifiesta, de alguna manera, que lo que está exigiendo el Ayuntamiento carece de sentido ya que pretende obligar al uso de esos combustibles desde ya cuando, según asegura, las diferentes marcas de automóviles no ponen a la venta vehículos de estas características que estén homologados para poder funcionar como taxis.

Alegre detalla que el sector no se opone a que se apueste porque la flota se renueve con vehículos más sostenibles y beneficios para el medio ambiente, pero lamenta que no se les conceda un plazo mayor para esta adaptación y que no se incluyan otros tipos de energía como, por ejemplo, los turismos híbridos. En el caso de los que son 100% eléctricos solo se le vienen a la cabeza un marca de coches de alta gama con precios de alrededor de 50.000 euros.

No deja de ser llamativo que en el mismo acuerdo plenario (aprobado el pasado mandato por unanimidad de todos los grupos municipales), el Ayuntamiento adquiría hacia sí mismo unas exigencias que no ha considerado, al menos hasta la fecha, que fueran de obligado cumplimiento.

En ese acuerdo, si ir más lejos, se detallaba que «el Ayuntamiento dispondrá de un plan de ayudas para que los profesionales del taxi neutralicen el sobrecoste de esta medida». Pero lo cierto es que en el sector nada saben de subvenciones municipales de este tipo.

También en aquella sesión, entre otros compromisos, se afirmaba que pondría «las medidas necesarias» para la instalación de los puntos de recarga eléctrico. Y se aseguraba que se debían de incluir entre los lugares a implantar «al menos las paradas de taxis, en los aparcamientos públicos y de los centros comerciales, en la estación de autobuses, en los garajes comunales de nueva construcción y en las calles con zona azul». No se conocen puntos recarga en la vía pública.

Precisamente la falta de esos puntos es otra de las quejas que tiene Abutaxi para poder adaptarse a las exigencias del Ayuntamiento. Pero es que tampoco hay muchas alternativas para los otros combustibles que se proponen ya que, aún a riesgo de equivocarse, aseguran que en la capital burgalesa solo hay 3 lugares en los que repostar con GLP, uno para GNP (en Rubena) y uno o ninguno con GL.

La intención de Abutaxi es solicitar una reunión con el equipo de Gobierno y con el conjunto de las fuerzas políticas con representación en el Ayuntamiento para que, al menos, se amplíe el plazo para adaptarse a las nuevas exigencias y se abra el abanico del tipo vehículos que sí se van a poder incorporarse a la flota.

Vehículos municipales. El Ayuntamiento no puede tampoco presumir de haber hecho cumplir ese acuerdo del Pleno en cuanto a las obligaciones autoimpuestas ya que también se exigía a sí mismo que los vehículos que adquiriera desde el 1 de enero de 2019 estarían propulsados por energías menos contaminantes y más respetuosas con el medio ambiente.

Si bien es cierto que se ha adquirido algún vehículo eléctrico, la mayoría de las compras que se han realizado son de automóviles impulsados por gasolina. Sin ir más lejos, la adquisición de coches patrulla para la Policía Local.

Al parecer, aquel acuerdo plenario ha servido para exigir a terceros el cumplimiento de medidas, pero los deberes para la propia administración se dejan para cumplirlos más adelante.