El incumplimiento de la legislación sobre el funcionamiento de las comisiones y subcomisiones informativas de la Diputación, en cuanto a periodicidad con la que se convocan las mismas y motivación de las calificadas como extraordinarias, costará a las arcas de la Diputación provincial casi un millón de euros, según denuncia el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), que está valorando con sus servicios jurídicos la posibilidad de llevar este asunto al Tribunal de Cuentas.
A esta conclusión llega esta organización sindical tras conocer la resolución del Procurador del Común en la que, tras analizar las comisiones celebradas entre el 1 de enero y 31 de julio de 12018, concluye que no se celebraron en las fechas establecidas y que las extraordinarias no estaban motivadas, «es decir se convocaron de forma irregular al no cumplir el régimen de periodicidad establecido para las sesiones ordinarias», apunta desde CCOO.
En el informe del Procurador se analiza el cumplimiento de cada una de las once comisiones o subcomisiones informativas establecidas al principio de la legislatura, que han de reunirse (excepto la Especial de Cuentas) dos veces al mes, en la primera y tercera semana. «Del análisis detallado de las sesiones celebradas se constata que, de un total de 140 comisiones posibles ordinarias, 73 no cumplieron el régimen de periodicidad y fueron convocadas con carácter extraordinario, es decir, más de la mitad incumplieron», afirma desde este sindicato.
Se llevan la palma en cuanto a incumplimiento, según CCOO, la comisión de Bienestar Social, cuyo presidente es Jorge Mínguez, con 13 incumplimientos en el periodo analizado, y la de Sajuma del diputado Ramiro Ibáñez, con diez incumplimientos, mientras que las subcomisiones de Cultura, que preside Luis Jorge del Barco, y la de Contratación, Ángel Guerra, son las más cumplidoras con tan solo cinco incumplimientos.
«Haciendo un sencillo cálculo, y extrapolando los datos a toda la legislatura (48 meses), resultaría que alrededor de 500 comisiones no se adaptaron al régimen legal establecido para su funcionamiento», afirman desde este sindicato, a la vez que recuerda que el coste para la Diputación de cada comisión informativa «es de 1.989 euros, 174 euros de dieta por cada uno de los once diputados que las integran, además de más 50 euros extra para el presidente de la misma y 25 para el vicepresidente». Esas 500 comisiones, a razón de 1.989 euros por cada una, «suponen casi un millón de euros que la institución provincial ha gastado en el pago de dietas por asistencia a comisiones y subcomisiones que el Procurador del Común considera irregulares», reiteran desde CCOO.
Este sindicato solicitará a la Secretaría General de la Diputación un certificado «para aclarar cuántas han sido las comisiones en toda la legislatura que no se han adaptado al cumplimiento de normativa» y apuntan que solicitarán a los servicios jurídicos que valoren las acciones a llevar a cabo por lo que califican de «un uso incorrecto de los recursos públicos mientras se están recortando servicios de atención directa a los pueblos de la provincia como la prestación de maquinaria para el mantenimiento de caminos rurales», afirma el portavoz de CCOO en la Diputación.
Al margen de este asunto, desde CCOO manifiestan que también estarán vigilantes «por otros posibles incumplimientos del gasto público, como el aumento de la masa salarial como consecuencia de la creación de una veintena de puestos de jefaturas, en vísperas de unas elecciones, y las modificaciones presupuestarias pertinentes para el cumplimiento de ese fin».