El coste frena la afiliación de las empleadas de hogar

Angélica González
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La plataforma que agrupa a las entidades que velan por sus derechos es pesimista sobre su protección porque sigue sin cambiar, dice, la perspectiva con la que la sociedad ve a estas trabajadoras

El coste frena la afiliación de las empleadas de hogar - Foto: Diario de Burgos Miguel Ángel Valdivielso

Después de varios años en los que el sector de las empleadas domésticas empezó a dejar de ser un contenedor de trabajo oculto, y de que entre los años 2012 y 2016 aflorara hasta un 70% de la actividad que se realizaba en negro, los datos de la afiliación en este ámbito están experimentando una caída. Así, 2016 fue el año en el que hubo un mayor registro, con 3.065 personas como empleadas de hogar en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). A partir de ahí ha empezado a descender: en diciembre de 2017 fueron 2.942; en diciembre de 2018, 2.771 y en enero de este mismo año, 2.717. Y las perspectivas no son nada halagüeñas, según explican Nacho García y Olga Ortega, de Cáritas y UGT, respectivamente, dos entidades que forman parte de la Plataforma del Empleo en el Hogar de Burgos, colectivo que vela por la dignidad y el respeto a los derechos de las trabajadoras de este sector y en el que también están integradas Betania, La Rueda, Casa de Acogida de San Vicente de Paúl, Burgos Acoge, Accem, Atalaya Intercultural, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Fundación Cauce y las religiosas de María Inmaculada.
«Como plataforma entendemos que el descenso en el número de altas no significa una disminución en el número de trabajadoras sino que  tiene que ver con el aumento del coste de la Seguridad Social. Y esta reducción de contratos se ha convertido en economía sumergida», aseguran, a la vez que se muestran firmemente convencidos de que se puede luchar contra el trabajo doméstico irregular o no declarado. En este sentido, la Plataforma ha mantenido reuniones con la Tesorería de la Seguridad Social y con la Inspección de Trabajo para abordar este asunto e instan al Gobierno a actuar para mejorar esta situación y no discriminar al colectivo -cuyo día internacional se celebró ayer- en relación con el conjunto de trabajadores.
A esto se le sumará, en negativo, el incremento del salario mínimo interprofesional que podrá inhibir el número de contratos pero, sobre todo, y a juicio de estos expertos, la percepción que sigue habiendo en la sociedad con respecto a este trabajo: «Lo que está impregnado en la sociedad es que son trabajadoras baratas y que, además, deberían estar agradecidas de que se les tenga en casa. Lo que se quiere es tener un servicio barato y gratuito porque se les contrata por ocho horas, por ejemplo, y se les pagan seis. Claro que existe el trabajo gratuito entre las empleadas de hogar pero no lo denuncian por miedo a quedarse sin empleo».
Y como es imposible saberlo a ciencia cierta, García y Ortega elucubran que habrá más de trescientas personas en Burgos que siguen trabajando en negro: «A pesar de que desde la Plataforma intentamos controlar la situación, hay muchas mujeres que aceptan trabajar sin alta y a cambio de sueldos indignos, situación que se da, sobre todo, entre las inmigrantes con una situación administrativa irregular».
Así están las cosas  pese a que se dio un gran paso en la lucha contra la histórica discriminación del colectivo -fortísimamente feminizado- el 1 de enero de 2012 cuando el Régimen Especial de Empleados de Hogar pasó a integrarse dentro del Régimen General de la Seguridad Social, lo que se plasmó en la Ley 27/2011, de l de agosto sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. A partir de entonces se estableció la obligatoriedad, por ejemplo, de que todos los trabajadores domésticos estuvieran dados de alta desde el primer momento aunque solo trabajen una hora a la semana. Además, el tipo de cotización iba a ir incrementándose gradualmente hasta situarse en el mismo nivel que el Régimen General, algo que, según las previsiones de entonces sucedería en 2019 pero que no ha ocurrido. Las empleadas de hogar tienen, además, derecho a dos pagas extraordinarias, a 30 días naturales al año de vacaciones y a la asistencia sanitaria, de la que antes carecían, pero siguen sin tener derecho a paro.
Existía, por otro lado, una ayuda a las familias que contrataran una empleada, que se aplicaba directamente a la cotización de la Seguridad Social con un 20% de descuento. En 2017 el Gobierno la suspendió y tras reclamarla los sindicatos se volvió a aplicar.
VIGILANCIA.

Desde la Plataforma del Empleo en el Hogar se intenta hacer una vigilancia de los malos pagadores, personas que van a una entidad y a otra porque no quieren asumir las condiciones en las que tienen que contratar a su empleada: «Intentamos hacerles ver que se pueden meter en un problema si no hacen las cosas conforme a la ley, que les pueden denunciar y tener que pagar una multa». En este sentido, celebran que tanto la Tesorería como la Inspección de Trabajo están alerta contra los fraudes, por ejemplo, de empresas de servicios que contratan directamente al personal y le pagan por debajo de lo que marca la ley.
Lo que es complicado, lamentan estos expertos, es levantar acta de infracción dentro de un hogar, algo que solo puede ocurrir si, por ejemplo, es la propia empleada la que abre la puerta a la Inspección, es decir, que cogen in fraganti  a la familia infractora. Las multas pueden ir de mil a tres mil euros, cotizaciones aparte.
ALTA TEMPORALIDAD.

El Programa de Empleo de Cáritas atendió el año pasado a 2.505 personas de las cuales 729 eran hombres y 1.776, mujeres. En ese periodo se consiguieron 346 inserciones laborales, 243 de ellas en el sector del servicio doméstico en el que hay una fuerte temporalidad, que alcanza hasta el 70% de los contratos. Además, se realizan cursos de formación laboral en distintos ámbitos (almacén, limpieza, cocina, agricultura) tanto en Burgos como en Aranda y Miranda. En este sector se formaron 157 personas (67 en Burgos, 37 en Aranda y 53 en Miranda».
Cáritas es, además, agencia de colocación y como tal ha atendido a 503 participantes, muchos de los cuales han iniciado un itinerario de inserción para su incorporación al mercado laboral, con la financiación del Fondo Social Europeo,  y en otros casos continúan desde años anteriores para intentar, según explica Nacho García, técnico de Intermediación Laboral, la mejora de empleo «buscando hasta un segundo o tercer trabajo que ayude subsistir dignamente a la persona y toda su familia».