El polémico exalcalde de Cabezón de la Sierra, José Paulino Alonso, volverá a sentarse en el banquillo por unos supuestos ilícitos ocurridos durante sus 15 años de mandato, entre 2003 y 2018. En esta ocasión, la Fiscalía le acusa de un delito continuado de falsedad documental en relación con unos terrenos del coto de caza y pide para él 8.640 euros de multa, 6 años de prisión y otros tantos de inhabilitación para cargo público. El encausado tuvo que dimitir en agosto de 2018, tras ser condenado por un delito electoral, al empadronar irregularmente antes de las elecciones de mayo de 2015 «a 14 personas a sabiendas de que las mismas no tenían su residencia habitual» allí, según la sentencia que declaró firme la Audiencia Provincial.

En aquella ocasión, la pena fue de 8 meses de prisión, 1.440 euros de multa y suspensión de su cargo público durante ese tiempo, por lo que no le quedó otro remedio que dimitir. Y no es la única, porque Alonso acumula pleitos y sentencias, unas en contra y otras a favor, durante su época de alcalde del Partido Popular y fruto de una profunda enemistad con vecinos de su pueblo.

El miércoles 14 de abril será juzgado en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Burgos. Según la Fiscalía, entre febrero y marzo de 2009 aprovechó su condición de alcalde para firmar la autorización de la cesión de los derechos cinegéticos de terrenos de propiedad particular o de otras administraciones para incluirlos en el coto de caza BU-10.657, que se iba a arrendar durante 20 años. El Ministerio Público sostiene que «teniendo pleno conocimiento de la no autorización de cesión de derechos realizada» por la Diputación, el Ayuntamiento de Salas de los Infantes, la Confederación Hidrográfica del Duero (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino) y Adif, «así como de la falta de respuesta» por parte del Ayuntamiento de Hacinas, «firmó de su puño y letra la supuesta cesión».

En un recurso presentado durante la tramitación de esta causa, su abogado alegó «que el coto de Cabezón no necesitaba ninguno de los terrenos de Salas, Renfe, CHD, etc.» y que «si se contestó en el sentido indicado fue por despiste» y no con «un ánimo determinado», tampoco el de «beneficiar conscientemente al coto de su pueblo incorporando más terrenos de los debidos», expuso. Llegó a reconocer «que es posible que firmase en la plantilla municipal de cesiones por un ayuntamiento que había contestado en contra o por el Arzobispado porque el párroco le había dado el visto bueno de palabra» pero que esa plantilla «no tiene ningún efecto si después no se comunica en el modelo normalizado remitido» a la Junta de Castilla y León y que ni él ni la secretaria lo hicieron, por lo que no se incluyeron los terrenos. Esta será, en cualquier caso, una de las cuestiones a dirimir durante la vista oral.

"Voy a echar tus restos a los buitres". En el juicio de la próxima semana, los antecedentes penales del exalcalde de Cabezón no computan a efectos de reincidencia. Además de la condena por delito electoral, tiene al menos otra por amenazas en 2014. Según se recoge en la sentencia, le dijo a un vecino que limpiaba un huerto que «le iba a romper la cabeza, que se la tiene guardada y que va a echar sus restos a los buitres». El juzgado no consideró, no obstante, que existiera maltrato de obra o coacciones, como también pedía el denunciante.

En la contestación a aquel recurso, que perdió, José Paulino Alonso se jactaba de su ‘suerte’ en los tribunales. La sentencia de la Audiencia recoge que su abogado escribió: «No se entiende cómo X (el denunciante) tiene tanto miedo y sufrimiento cuando resulta que el alcalde y su familia, hasta ahora, no habían recibido condena alguna en los 8 procesos penales que aquél ha seguido frente a éstos, mientras que X sí ha sido condenado a la inversa en tres juicios de faltas», además de afrontar otro, que posteriormente ganó frente al Ayuntamiento, por la acusación de cortar alambradas de montes públicos del pueblo. No quedó demostrado.

Pero José Paulino Alonso también suma sentencias a su favor. En 2010 fue absuelto de una falta de lesiones y otra de amenazas, en la que estaba denunciado junto a su mujer, teniente de alcalde, y otro concejal. El matrimonio probó que ese día estaba en una boda. Ese mismo año, su mujer fue absuelta de la acusación de injurias y amenazas durante una sesión del pleno del Concejo Abierto de la localidad de Cabezón de la Sierra, el 28 de agosto. El vecino denunciante recurrió y perdió el pleito. Ese pleno dio mucho más de sí, porque otro asistente llamó al alcalde y al Ayuntamiento «prevaricadores» y terminó condenado por una falta de injurias a pagar una multa de 100 euros.

La última que ha trascendido, dictada hace ahora un año, le absuelve del delito de desobediencia a las instituciones de la Comunidad Autónoma, por no contestar a las peticiones de información del Procurador del Común durante 2 años. Los tribunales concluyeron que no estaba probado que se negara de «manera consciente y voluntaria» y que si bien «conocía la existencia» de los expedientes, «consideraba que la información solicitada debía facilitarse por la Secretaria del Ayuntamiento, por lo que lo comentó con ella, que le manifestó que lo haría cuando finalizara otros asuntos más urgentes», concluye la sentencia.