Un cuestionado camino a la 'nueva normalidad'

Agencias
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Los presidentes autonómicos exigen poder de decisión en la gestión de la desescalada y que el Gobierno abra el grifo de la financiación para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19

El portavoz del PP en la Cámara Alta, Javier Maroto, saluda con el codo a la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. - Foto: Ballesteros

Un deslucido Senado celebró ayer la Comisión General de Comunidades Autónomas, un encuentro llamado a ser el foro en el que negociar las medidas contra el coronavirus, que, sin embargo, estuvo medio vacío. Y es que las ausencias en la Cámara Alta fueron casi tan reseñables como los reproches que en ella se lanzaron. 
A la cita, que en su día impulsó el Partido Popular con el apoyo del PNV, solo acudieron cuatro dirigentes conservadores -los de Madrid, Castilla y León, Murcia y Ceuta-. Faltó el de Andalucía y el de Galicia, pese a que Alberto Núñez Feijóo es el único que cuenta con una mayoría absoluta. Eso sí, los que estaban llevaban un claro mensaje: «Lealtad recíproca» con el Ejecutivo y colaboración en las decisiones, así como recursos económicos para afrontar la nueva fase de desescalada frente a la COVID-19.
Tampoco estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a la necesidad de acuerdo con las regiones, que tienen las competencias de Sanidad. En su lugar tomó la palabra la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, quien aseveró que lo decidido en el plan de desescalada que ha presentado el Ejecutivo se abordará en «encuentros bilaterales» con las autonomías, que son las que siguen teniendo la gestión mientras el Ejecutivo se encarga de coordinar.
Darias se refirió en concreto a la cuestión de que el plan de desescalada por la crisis del coronavirus se realice por provincias que es «el punto de partida, pero puede que no sea el punto de llegada». Esta unidad territorial básica es la «alternativa» que el Gobierno ha puesto encima de la mesa, pero también puede haber otras, aclaró, que «van a ser tenidas en cuenta» en los encuentros bilaterales, al igual que apuntó que ya fueron consideradas para el diseño del plan las propuestas de las comunidades en las videoconferencias de presidentes de los domingos.
Pese a que la mayoría de las regiones viene culpando al Gabinete de unilateralidad desde hace tiempo, la ministra destacó que todas las decisiones se han compartido, aunque reconoció que en ocasiones ha sido «a posteriori» porque el avance de la situación «no dejaba otro margen» y constató el «buen funcionamiento» de las administraciones regionales.
Entre las propuestas que se escucharon en la Cámara estuvieron la del portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, que reclamó el fin del estado de alarma, la del Gobierno de Navarra que reclamó la coordinación y colaboración entre las regiones, «atendiendo, al mismo tiempo, las especificidades de cada territorio».
Por su parte, los representantes de los territorios socialistas reclamaron unidad de acción en el proceso de desescalada y «un gran pacto» para que los pasos que se den no tengan retorno, pero también pidieron reforzar la financiación para hacer frente a la pandemia, un punto en el que coincidieron con sus homólogos del PP y otros presidentes como el dirigente cántabro, Miguel Ángel Revilla.