El director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia de la Junta, Julio Rodríguez, sostuvo hoy que no se impone y se colabora con las entidades locales para la implantación del servicio de la teleasistencia avanzada, en una fase en este momento de transición y con la adjudicación del primer contrato a Cruz Roja.

En su comparecencia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes, Rodríguez no aceptó la critica de Isabel Gonzalo (PSOE) y de Laura Domínguez (Podemos), quienes reprocharon que se imponga y no se tenga en cuenta a las entidades locales para este servicio. “Ha venido a leernos la prensa”, afeó la socialista dado que la comparecencia se pidió hace siete meses y hace unos días se anunció el contrato con Cruz Roja.

Ambas procuradoras apoyaron la teleasistencia avanzada y la eliminación del copago para los usuarios pero dudaron de la forma de adjudicación del contrato sin la participación de las entidades locales y "a hechos consumados", pero el director general defendió que se dialoga con las 24 corporaciones locales y conocen los pliegos de contratación.

Julio Rodríguez, que remarcó que es un avance para que los mayores sigan en sus casas como quiere la gran mayoría, destacó la experiencia de Cruz Roja para realizar la transición hacia un modelo de contrato único de la teleasistencia avanzada en Castilla y León y precisó que todos los servicios están en una orden desarrollada en una disposición.

Laura Domínguez consideró que las entidades locales pierden competencias con la centralización del contrato ya que no tienen posibilidad de ampliar el servicio si lo consideran necesario y expresó dudas en ‘la hoja de ruta” de los pequeños municipios para el acceso de la prestación a través de internet, son una cobertura en todo el territorio.

Por su parte, el procurador del PP Miguel Ángel García Nieto valoró que la Junta y el presidente Alfonso Fernández Mañueco cumpla con su palabra y subrayó que desde el 1 de enero, al eliminarse el copago, los 26.600 usuarios -14.000 dependientes- se ahorran 1,7 millones y las entidades locales más de 600.000 euros, algo que también destacó Alba Bermejo (Cs). 

En su intervención, recogida por Ical, el director general defendió que la teleasistencia avanzada se debe guiar por lo que quieren las personas y destacó que se trata de ofrecer el servicio de proximidad a los usuarios, en su mayoría mayores, mediante las tecnologías con un seguimiento proactivo de los profesionales.

Así, recordó que en diciembre de 2020 las Cortes de Castilla y León aprobaron una modificación de la ley de Servicios Sociales por la que la Junta asume la gestión y financiación, pero las corporaciones locales deciden “la puerta de entrada” a los ciudadanos que precisan este servicio.

El director general valoró que las entidades locales ahorraran un dinero que podrán destinar a otros servicios sociales y también que sea la Junta la que licite los contratos, para indicar que ahora se está en la fase de transición y el Ejecutivo, al asumir la gestión y financiación, está en el proceso de actualizar los contratos, con la reciente firma del primero con Cruz Roja.

Dispositivos tecnológicos con una aplicación ética y elegidos por cada usuario en función de lo que necesita, gestión de citas y el factor humano centrado en la proactividad y el seguimiento y apoyo adecuado al usuario conforman la aplicación de la teleasistencia avanzada, explicó Pablo Rodríguez.

Antes desgranó el desarrollo normativo que parte del acuerdo marzo, la ley estatal de la dependencia y la ley autonómica de servicios sociales de 2010 en la que se blinda el servicio con la aportación del 65 por ciento por la Junta y el 35 por ciento por las entidades locales unido a que la teleasistencia básica y la avanzada son un derecho para los mayores de 80 años, también recogido en una orden de 2019.

Se refirió a guías de la Consejería para llevar “una vida más segura en los hogares” y para los profesionales, a lo que unió la importancia de realizar pilotajes antes de la implantación de la teleasistencia como el seguimiento y apoyo al usuario y los profesionales, cuya valoración afirmó que ha sido positiva.

Todo ello, tanto a nivel técnico de prestaciones de la prestación, explicó que se ha realizado en colaboración con las entidades locales y con las empresas para determinar y negociar el proceso de transición para que el usuario no note ni haya una caída del servicio, hasta que haya un contrato único para todo el territorio. “No hemos sacado de la chistera una prestación para cubrir un territorio”, aseveró.