En las sesudas disquisiciones acerca de qué es un estado desarrollado son recurrentes las referencias a los servicios públicos sanitarios y educativos, el empleo y las coberturas por jubilación. Menos veces se habla de la seguridad pública. Y muchas menos del acceso a una Justicia gratuita de calidad y garantías. Sin embargo, es uno de los pilares de cualquier sociedad que pretenda llamarse democrática. En el caso de Burgos, detrás de la prestación de ese servicio hay más de 300 abogados a los que el Estado está dando un trato cuestionable que se ha visto agravado por el retraso sistemático en el pago de sus servicios. Y hay más... 

Tuvieron problemas serios de cobro del turno de oficio el año pasado y, tras una solución temporal, volvemos a las andadas.

Ahora mismo no han pagado desde noviembre. Es verdad que la de enero se liquida en febrero, pero vuelve a haber retrasos. El problema es que cobras cuando ya has hecho y justificado el trabajo. Si un procedimiento tarda dos años, pues eso te lleva cobrar. 

¿Por qué seguir en el turno?

Esa es la pregunta que nos hacemos todos los abogados que estamos en él... Para mí, el turno es lo más apasionante. Llegamos donde como abogados privados no llegaríamos. Vemos las cloacas y asuntos que motivan, como aquellos en los que atiendes a gente que verdaderamente lo necesita. Cuando asistes a los detenidos o cuando te tocan expedientes de expulsión de extranjeros ves lo que hay. Ves problemas derivados del alcohol, drogas, depresiones... Ves la realidad. Mucha gente piensa que es un negocio, pero es todo lo contrario.

Al parecer, el Estado también cree que es un negocio.

El turno es obligatorio allí donde no hay abogados suficientes para prestar el servicio, y eso ocurre en varios partidos judiciales de Burgos. En la capital hay suficientes inscritos y no es necesario que todos estén apuntados al turno (aproximadamente la mitad de los 700 colegiados lo está). El problema es que somos una especie de funcionarios públicos muy mal pagados. Tenemos todas las responsabilidades, eso sí. Hay estudios que señalan que es el servicio público más valorado de España, y en el ámbito internacional está muy reconocido.

Salen 20 médicos a la calle y salen 2.000 personas detrás. Salen 20 abogados y no sale nadie más.

Porque la gente pasa una media de una vez en la vida por el juzgado, y por eso el desconocimiento que existe sobre el funcionamiento de la Justicia es muy grande. Todo el mundo piensa que los abogados estamos forrados, pero yo no conozco a ningún trabajador al que, trabajando en la misma empresa, no le hayan actualizado la nómina desde el año 96 y, si lo hacen, suben un 30% y con eso vale hasta no se sabe cuándo. No está establecido un régimen de actualización permanente, eso no puede ser. Una cosa es que hagamos un servicio casi gratis y otra que nos estemos empobreciendo. El acceso a la Justicia gratuita se basa en el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y el Iprem está subiendo. Eso provoca que muchos clientes que tienen capacidad para pagar tengan derecho a la Justicia gratuita. Ahora han aumentado el SMI y vuelven a subir el rango, con lo que habrá mucho más acceso a la Justicia gratuita.

También se enfrentan al reto de la vorágine legislativa. Lo último, una nueva Ley Hipotecaria. ¿Ya la ha analizado?

No la he estudiado aún, pero he oído que cambia todo el sistema de imposición de gastos hipotecarios. En el mismo momento en el que se anunció, los bancos incrementaron el coste de las hipotecas, así que la medida puede tener un valor político, pero no en el mundo real porque si lo bancos no cobran por un lado van a cobrar por otro.

¿No le abochornó el espectáculo del Supremo con los gastos hipotecarios?

A mí no me gustó nada. Fue un cambio radical de un día para otro. Tenemos que asesorar a nuestros clientes en base a la confianza que les generamos, pero esa confianza se basa en nuestros conocimientos, que a su vez son consecuencia de la información que recibimos. Sale un sentencia, al día siguiente hay una llamada y... A nadie le gustó, la imagen del Poder Judicial quedó afectada. Yo no utilizaría la palabra bochorno, pero me dio pena. Imagina explicar eso a los clientes. Presentas una demanda en base a unos criterios y cuando llega al juzgado puede haber habido dos o tres cambios de criterio. Todo eso va contra el cliente.

¿El juzgado único de asuntos bancarios ha sido una buena idea?

Para mí no por varias razones. Provocas que juzgados como el de Villarcayo, Lerma o Salas tengan que venir aquí, y es muy injusto que todos los clientes que tienen productos bancarios en Aranda o Miranda tengan que venir a celebrar los juicios aquí. Se castiga a las pequeñas poblaciones. La Justicia de cercanía es básica y está desapareciendo. Se empobrece a la población y no se descarga de trabajo a Burgos. Podría haber más funcionarios trabajando en esos juzgados y desbloquear Burgos, pero al final se provoca lo contrario: saturamos Burgos, castigamos a los clientes y profesionales de la provincia... Ahora está de moda hablar de despoblación, pero todas las medidas que se toman en el sector servicios van en dirección a despoblar, y no al revés.

Por ahora mantenemos los partidos judiciales de la provincia...

Por ahora, pero si los dejamos sin competencias y se vacían de contenido, los números acabarán diciendo que no son necesarios. Habrá que decir por qué ha pasado eso.

¿Ejercer en la provincia es una heroicidad?

Sí. Yo estuve en Salas unos años y, sí, cuanto más pequeña es la ciudad, más difícil es. Asumes la misma responsabilidad, pero estás en un pueblo en el que te cruzas todos los días con tus clientes. Esa carga emocional es mucho más potente. 

En Mercantil debería ir bajando el suflé, ¿no?

No. El suflé va a seguir aumentando. Otra cosa es que bajen los concursos. Tiene el remanente de los concursos que estaban iniciados, las reclamaciones, acciones de responsabilidad... El Mercantil debería ser uno de los motores de la economía y un Mercantil lento no es bueno. Si tenemos una sociedad que es insolvente, deja un agujero a otra sociedad de un millón de euros y se tardan dos o tres años en resolver, lo que estamos consiguiendo es que la segunda empresa caiga. Por eso se dieron caídas en cadena durante la crisis. Un juzgado de lo Mercantil que funciona puede ayudar a que una empresa se recapitalice.

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