La Junta de Castilla y León reclama la intervención del Gobierno en la actual crisis sanitaria para no alcanzar la situación de los meses de marzo, abril y mayo. Tras la celebración de un Consejo de Gobierno por videoconferencia, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, reclamó liderazgo y coordinación al Ministerio de Sanidad, ya que criticó que «no es posible que cada comunidad esté adoptando medidas diferentes», a la vez que insistió una vez más en la necesidad urgente de contar con una herramienta legal que permita a la Comunidad la adopción de medidas como el aislamiento o confinamiento si la autorización judicial previa. Igea se mostró a favor de una supervisión judicial, pero también defendió la «agilidad y rapidez» para que sean útiles las medidas que se precisen.

No obstante, el portavoz también explicó que la Junta está analizando alternativas legales para tomar decisiones en el caso de necesidad sanitaria como han tenido que hacer en los municipios vallisoletanos de Íscar y Pedrajas de San Esteban o en el burgalés de Aranda de Duero.

Aunque no es la primera vez que realizan esta petición, Igea considera urgente su resolución ya que el incremento en el número de contagiados lleva a tener que adoptar medidas de confinamiento basadas en criterios sanitarios que impidan la propagación de la covid-19. A día de hoy, la Junta debe solicitar una orden judicial previa para este tipo de aislamientos, lo que el vicepresidente comparó con «poner una chapa de madera con doce tirafondos y con un martillo en lugar de una Black&Decker». «Se puede hacer, pero es mucho más largo y difícil», espetó.

A pesar de esto, rechazó que el Gobierno autonómico no ejerza su responsabilidad. «Con herramienta o sin ella no dejaremos de hacerlo y tomaremos las medidas necesarias para evitar la propagación», aseguró de forma categórica, antes de insistir en que no pide al Gobierno «saltarse a los jueces».

Aval científico.

El portavoz recordó que esta petición ha sido respaldada también por parte de organizaciones de asociaciones médicas y científicas, porque «hace falta retomar el liderazgo» con las herramientas necesarias. «Esto no puede convertirse en el juego del conductor ‘gallina’ y ver quien es el primero en dar un volantazo. Sobre la mesa están las vidas y la salud de miles de personas y la economía del país. Es necesario acuerdo, concierto y liderazgo. No puede anunciar cada comunidad una medida aislada y diferente de la otra», achacó.

Por ello, reiteró que una herramienta «legal e intermedia» para decretar órdenes de confinamiento «ágiles» permitirá «no pasar previamente por la autorización judicial de cada caso». «Tenemos 296 zonas básicas de salud. No podemos dictar órdenes en cada caso y estar paralizados por el volumen de trabajo de las mismas. Entendemos que la Justicia es una garantía, pero en este momento hay dos derechos en conflicto: la movilidad y la salud, y la ley tiene que dirimir cuando prevalece uno sobre el otro y en qué condiciones», destacó.