El Consejo de la Juventud de Castilla y León denunció ayer que desde el comienzo de la pandemia generada por la covid-19, los derechos del colectivo juvenil «han sido vulnerados, aumentando aún más la precarización de este colectivo, así como la criminalización del mismo», sobre todo tras lo ocurrido durante la quinta ola de la pandemia y el repunte de contagios entre los jóvenes. «La calidad del empleo, las dificultades de acceso a la vivienda y la pobreza creciente, se han visto agudizados por la pandemia de la covid-19», lamentaron en un comunicado. Esta institución puso de relieve que en la Comunidad hay jóvenes sin empleos o con empleos precarios y estacionales, que no pueden tener proyectos de vida autónoma, llevando con ello al éxodo de talentos y de ciudadanos con destino hacia otra regiones con más oportunidades.

Como consecuencia, desde la institución señalan que solo un 15,5 por ciento de jóvenes, en el primer semestre de 2020, se pudieron emancipar de la vivienda de sus padres. Así mismo, el 17,9 por ciento de personas jóvenes está en situación de pobreza, según datos del Observatorio de Emancipación. 

Problemas de salud mental

El consejo asegura asimismo que toda esta situación de precariedad está afectando a la salud mental del colectivo, hasta convertirse el suicidio en la primera causa de muerte entre las personas jóvenes. Asimismo, denuncia dificultades en materia de educación o discriminación por ser mujer, migrante o LGBTI, sin olvidar la inexistencia de ocio alternativo y la explosión de casas de apuestas que inundan los barrios de las ciudades de la Comunidad. 

Además, indican desde la institución autonómica, que la juventud se viene enfrentando a varias olas de criminalización y, ante esta situación y realidad, las personas jóvenes de Castilla y León, «nos organizamos para reivindicar nuestros derechos».

En este contexto, la organización conjuntamente con el Consejo de la Juventud de España, presentó, con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la Juventud, JuveVAc©, «la vacuna por los derechos de la juventud, especialmente recomendada para mayores de 36 años, responsables políticos y gestores».