Los cierres perimetrales de comunidades autónomas y provincias por la pandemia están afectando seriamente a la práctica de la caza en Burgos, actividad que se puede desarrollar dentro del territorio regional (con autorización administrativa) y atendiendo a las medidas de seguridad establecidas por la Junta de Castilla y León. Cientos de aficionados del País Vasco, La Rioja, Cantabria y Madrid (durante los últimos puentes festivos) tienen prohibido su desplazamiento a Burgos para disfrutar de su afición en los cotos en la provincia, de los que muchos de ellos son titulares y gestores.

La situación creada por la ausencia de los cazadores foráneos  se une al total parón de la actividad durante los meses de confinamiento del estado de alarma, lo que afectó especialmente a la temporada de caza del corzo.Fruto de todo ello, según advierten desde la Federación Regional de Caza, es la falta de descastes en especies potencialmente dañinas que están alcanzando un desarrollo alarmante, como es el caso del jabalí, el corzo, el ciervo y el conejo. «Hay más animales de los debidos, un exceso poblacional que va causar perjuicio en los accidentes en carretera y en los daños a cultivos».

Según advierte Santiago Iturmendi, recientemente reelegido presidente de la Federación, los aficionados vascos, cántabros, riojanos y asturianos no pueden cazar en Burgos desde que se desató la segunda oleada de contagios y a los madrileños se les han prohibido los desplazamientos durante los últimos puentes de 2020, fechas muy señaladas para la caza mayor.

Su ausencia se nota en los numerosos cotos que gestionan, una parte importante de los 824 que se reparten por la geografía burgalesa, en las batidas y en los recechos programados en la Reserva Regional de La Demanda. «La Junta ha dado todas las facilidades posibles para poder cazar, pero para muchos aficionados es imposible salir de sus comunidades autónomas».

Para la hostelería rural, puntualiza, la situación creada es «desastrosa» al ser los cazadores su clientela de invierno.La caza es una actividad sin riesgos de contagio y «segura» pues  se desarrolla en plena naturaleza, al aire libre y con todas la medidas. 

Iturmendi espera que antes del 31 de marzo, cuando culmina la actual campaña, la Junta apruebe algún tipo de normativa que permita  que se realicen controles poblacionales y los sistemas recuperen su equilibrio. «Si no vuelve la normalidad en el movimiento de viajeros entre comunidades los problemas volverán a reproducirse a partir del 1 de abril».

Licencias. Desde la Federación se advierte asimismo que el clima de incertidumbre generado por las limitaciones puede incidir negativamente en el número de licencias (que alcanzaron las 87.229 en Castilla y León en 2019) y en el arrendamiento de los cotos por falta de uso.

Ante la situación creada, recuerda Iturmendi, se ha solicitado a la Consejería de Medio Ambiente reflexione sobre la posibilidad de prorrogar el periodo de vigencia de las licencias y se pide que reconsidere el cobro de las tasas de matrícula de los cotos. «Queremos que ayuden a aminorar los efectos que ha tenido la pandemia, aunque aplaudimos la forma en la que la Junta ha gestionado la caza».

Mandato. La pandemia será uno de los principales problemas a abordar en el nuevo mandato de Santiago Iturmendi al frente de la Federación Regional de Caza, que reúne cerca de 20.000 aficionados.

Este veterano cazador, que ya suma doce años al frente del colectivo, considera que tiene dos asignaturas pendientes: la nueva Ley de Caza, ya con el visto bueno del Consejo de Gobierno y que se espera ver publicada en el Bocyl a lo largo del primer semestre, y la Ley de Bienestar Animal, con gran incidencia en el tratamiento de los perros. A este respecto, advierte que el responsable de Podemos en el Gobierno de España que impulsa esta nueva normativa en las autonomías «está demostrando una actitud preocupante para la utilización de perros de caza, que no son mascotas ni animales de compañías sino animales de trabajo».