Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han logrado liberar en los últimos cinco años en Castilla y León a un total de 26 mujeres obligadas a prostituirse, cifra que en el conjunto de España se eleva a 717, según se recoge en un informe al que ha tenido acceso Ical, elaborado por el Ministerio del Interior dedicado a un delito silencioso, de difícil persecución policial, de rentabilidad semejante al narcotráfico y al contrabando de armas y que constituye la esclavitud de siglo XXI.
Al igual que a nivel nacional, la mayoría de las víctimas rescatadas en la Comunidad son de nacionalidad rumana y, según reconoce la jefa de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valladolid, Dolores Pérez Iribarne, en un porcentaje muy alto no se puede hablar de mafias organizadas, ya que los culpables son los propios familiares de las mujeres los que «de una forma terrible» se aprovechan de su vulnerabilidad, dado que, por lo general, son personas muy jóvenes, en ocasiones menores, sin recursos, que suelen vivir en el medio rural, y hasta indigentes.
Pérez Iribarne también admite la dificultad para completar las investigaciones, dado que además de la colaboración plena de la víctima hasta el final del proceso, en muchas ocasiones los culpables están fuera de España. No obstante, la inspectora deja claro que, en todos los casos, el primer objetivo es liberar a la víctima y después ofrecerla protección, además de comunicar su situación a la Fiscalía. «Es un trabajo conjunto y paralelo en el que todos vamos de la mano», afirmó.
Otro de los factores que contribuye a dificultar las investigaciones policiales es el cambio del escenario donde se ejerce la prostitución, ya que de la calle y los clubs de alterne se está desviando a pisos, utilizando internet y las redes sociales para publicitarse. En este caso, según explica, las inspecciones son más complicadas dado que para entrar en un domicilio se requiere una orden judicial.
Por comunidades, Andalucía se situó en cabeza con 144 casos, por delante de Cataluña (133), Madrid (93), Baleares y Valencia (52). Por encima de Castilla y León también se sitúan Canarias (37) y Galicia (36). Por el contrario, en La Rioja no se contabilizó ningún caso, uno en Cantabria, cuatro en Extremadura y ocho en Navarra.
Alrededor de 40 millones de personas son víctimas de trata en todo el mundo, según la Organización Mundial del Trabajo. Aunque entre las víctimas también hay hombres, el 72 por ciento de ellas son mujeres y niñas, según datos del informe sobre trata de personas publicado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en 2018.
explotación laboral. En los casos de explotación laboral desde 2015 la Policía Nacional y la Guardia Civil han liberado a 311 personas en España, 16 en Castilla y León. Andalucía volvió a ser la comunidad con más casos, al alcanzar los 62, por delante de Navarra (56), Cataluña (49), Castilla-La Mancha (51) y Valencia (25). En País Vasco, La Rioja y Cantabria no se registraron casos.
En este tipo de explotación, el ‘modus operandi’ es muy simular, aunque por lo general hay menos implicación directa de los familiares de las víctimas y suelen funcionar más los grupos criminales, aseveró Pérez Iribarne.