Las actuaciones sanitarias que terminan en reclamaciones patrimoniales por lo que los pacientes consideran que han sido fallos o negligencias que les han supuesto un perjuicio para su salud no son demasiadas si se comparan con las miles y miles que se realizan todos los años en una provincia como Burgos. Pero las hay. Y están reguladas por la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, que establece el derecho de los particulares «a ser indemnizados (...) de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley». Esta exigencia de daños y perjuicios por la asistencia sanitaria de Sacyl le ha costado a la Junta una media de un poco más de medio millón de euros anuales en las dos últimas décadas.
Entre 2001 y 2020 el sistema público de salud de Castilla y León ha recibido 660 reclamaciones patrimoniales -una treintena al año- que le ha supuesto el pago de 11.574.175,86 euros, lo que apunta a una media de cerca de 600.000 euros anuales, una cifra significativa teniendo en cuenta que la gran mayoría de esas solicitudes por parte de los pacientes son desechadas. Entre 2015 y 2020, por ejemplo, se presentaron 110 por diferentes causas pero solo 30 (el 32,43%) fueron estimadas en esa vía administrativa -es habitual que se descarten hasta el 60% de las que llegan-, lo que le supuso a la Administración regional el pago de 461.641,43 euros.
En el mismo periodo de tiempo los pacientes presentaron 57 procesos contencioso-administrativos, de los que han finalizado 24, 7 de ellos con sentencia a favor de las personas recurrentes y 16, a favor de la Administración. El importe de las indemnizaciones en esta vía ascendió a 361.149.01 euros.

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