Una de las anomalías del debate jurídico-político que se desarrolla alrededor de la renovación del Consejo General del Poder Judicial es que quienes afirman con mayor firmeza que tratan de despolitizar la justicia, mediante la reforma de la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces, son quienes realizan un uso más torticero de su capacidad de bloqueo para mantener el control político sobre las decisiones de política judicial.
A estas alturas resulta ocioso señalar que ser propuesto y elegido vocal del CGPJ a instancias de un partido es en muchos casos un premio a labor previa en tribunales, o en su ejercicio profesional, que luego se prolonga en otros nombramientos judiciales o políticos. El caso paradigmático es el del consejero de Interior y Justicia de la Comunidad Madrid, Enrique López, que de vocal pasó a magistrado del Tribunal Constitucional, de donde dimitió por asuntos personales, y que en la actualidad es el responsable de Justicia del PP. Casos similares se pueden encontrar de juristas relacionados con el PSOE, como Cándido Conde Pumpido.
Con el argumento de tratar de despolitizar la justicia, el PP bloque la renovación del CGPJ que lleva con su mandato caducado mil días, y puede seguir así otros años más si los propios vocales no se plantan o se produce el acuerdo entre el Gobierno y los populares, a lo que estos se niegan, porque la situación actual les favorece, con mayorías conservadoras en el CGPJ o en el Tribunal Constitucional y el de Cuentas, que cambiarían de sentido si se produjera ahora su renovación dada la composición del Congreso y el Gobierno. Es decir, que quienes dicen querer despolitizar la justicia quieren que se mantenga un status quo que beneficia sus intereses.
Con su propuesta de cambiar la forma de elección de los vocales del CGPJ, el PP pretende controlar la justicia por la puerta de delante o por la puerta de atrás. Si los jueces eligen a la mayoría de vocales, la justicia siempre tendrá un sesgo conservador, porque la mayoría de los jueces están afiliados a asociaciones de ese talante y el grueso de los jueces, aunque no afiliados, tienen esa condición según distintos estudios sobre la profesión. De ahí la propuesta de la ponencia del 40º Congreso Federal del PSOE para dotar de becas a quienes quieren opositar a las carreras judiciales para democratizar su composición ahora demasiado “elitista”. Que el PP trato de controlar el CGPJ por la puerta de atrás quedó claro con el mensaje difundido por Ignacio Cosidó.
Cambiar el sistema de elección requiere una mayoría de tres quintos solo alcanzable con el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Si el PP gana las elecciones y lleva a término su promesa –con Rajoy no lo hizo- y el PSOE no acepta por considerar que el sistema vigente es plenamente constitucional, el actual CGPJ podría llegar a convertirse en cuasi vitalicio, y más si el PP decide revertir la ley que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos mientras se encuentra en funciones, que fue aprobada para forzar su renovación y que tiene paralizados decenas de nombramientos judiciales. .
Ante la perspectiva de ganar las elecciones de 2022, el PP no quiere proceder a la renovación del CGPJ porque le tocaría convivir con un órgano de gobierno de los jueces progresista y con un TC que también lo sería. Y sabe muy bien lo que eso significa.