Durante los años más duros de la crisis económica, ayuntamientos y diputaciones vieron como las facturas impagadas que se albergaban en sus cajones amenazaban la sostenibilidad financiera de sus cuentas, lo que obligó al Ministerio de Hacienda, entonces comandado por Cristóbal Montoro, a crear la cuenta 413. Una situación que llevó a la fama a este apartado dentro de los presupuestos locales y provinciales, una suerte de cajón de sastre de «acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto», donde los consistorios albergan los gastos que los alcaldes y presidentes de diputación ejecutan de forma extrapresupuestaria, es decir, sin tener una partida destinada a ello dentro de sus cuentas. Hoy en día, la situación ha mejorado y el importe de este apartado ha ido menguando, pero todavía los consistorios e instituciones provinciales siguen atesorando contratos gastados sin haber hecho frente al abono de las cantidades.
Al cierre del tercer trimestre de 2019, una quincena de ayuntamientos de Castilla y León mantenían más de 14,5 millones de euros en la cuenta 413, a la espera de encontrar la forma de hacer frente a estos pagos, según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda. Una cuantía que escala hasta los 18 millones si se tienen en cuenta las facturas impagadas de las diputaciones provinciales.
Llama la atención que, a pesar de que el número de consistorios en esta situación se ha reducido a la mitad respecto al tercer trimestre de 2018, cuando 25, casi el doble, habían comunicado a Hacienda partidas extrapresupuestarias, la cuantía adeuda apenas se ha rebajado un 12 por ciento. De hecho, hay una serie de ayuntamientos autonómicos que se han convertido en ‘sospechosos habituales’ para el Ministerio, como los de SanAndrés del Rabanedo (León), Salamanca, Burgos o Palencia. Desde Hacienda recuerdan que «estas cuantías no son deuda oculta, sino que la cuenta 413 nació para que los consistorios incluyeran ahí las facturas que no pudieron pagar al no existir una partida en sus presupuestos».
Con todo, lejos quedan los más de 21 millones de euros sin pagar en el cajón de hace tres años. Sin embargo, los 14,5 millones impagados por los ayuntamientos autonómicos al cierre del tercer trimestre del año no son la cifra final adeudada por las corporaciones locales, toda vez que las municipios de menos de 5.000 habitantes no están obligación a comunicar las facturas de la cuenta 413 en los tres primeros trimestres del ejercicio, por lo que durante la liquidación de final de año es de esperar que la cuantía ascienda. De hecho, en 2018 el desfase entre el tercer trimestre y la liquidación fue de 11 millones de euros.
Salamanca y Burgos
De los 14,5 millones impagados por los ayuntamientos autonómicos, el 90% se concentra en tres consistorios, cuyos cajones albergan la mayoría de las facturas no abonadas. Salamanca, Burgos y San Andrés delRabanedo (León) deben a sus acreedores por operaciones extrapresupuestarias casi 13 millones de euros, de los que 6,6 están en manos del consistorio charro; 3,6 en Burgos y otros 2,5 en el tercer municipio más poblado de León. Palencia,Toro (Zamora), Almazán (Soria), Villaquilambre (León), Venta de Baños (Palencia), El Espinar (Segovia), Villablino(León), Aldeamayor (Valladolid), Bembibre (León) y Cigales(Valladolid), completan la lista.