El acceso a una vivienda digna es una dificultad que sufren algunas familias que atraviesan una situación tan precaria que ni siquiera pueden acceder a un alquiler en la ciudad. Por este motivo recurren a los Servicios Sociales como última opción para encontrar una vivienda en la que residir. A pesar de esta realidad, por parte de los responsables se asume que es imposible atender todos los casos. El problema no radica tanto en la falta de viviendas sino en el mal estado que presentan muchos de los inmuebles de propiedad municipal y que se podrían destinar a este cometido.

De los más de cuarenta pisos que posee el Ayuntamiento, solo 22 reúnen las condiciones mínimas para ser habitados. En estos momentos todos están ya ocupados, por lo que no se pueden atender a los nuevos demandantes que van llegando con una necesidad bajo el brazo. El último ejercicio se sumaron otras siete personal a la lista de espera y por este motivo se ha decidido mover ficha y arreglar las viviendas sociales que actualmente están vacías.

Para hacerlo, en el Presupuesto creado por el equipo de gobierno para 2020 se recoge una partida de 200.000 euros, cantidad con la que está previsto actuar en una docena de casas. Son aquellas que según los informes precisan de obras menores ya que el parque de viviendas municipales todavía cuenta con otros trece inmuebles más, pero que están casi en estado de ruina por lo que precisarían una inversión mucho mayor, y en algunas lo más conveniente incluso sería demolerlas.

La idea es que durante los próximos meses los técnicos detallen con más exactitud las obras que hay que hacer en cada uno de los doce pisos para que los mismos se puedan poner a disposición de los beneficiarios cuanto antes. De esta forma "se atenderían los casos más urgentes", asegura el concejal responsable Pablo Gómez, quien recuerda que figurar en la lista de demandantes no siempre implica que se reúnan todos los requisitos para optar a un alquiler social ya que se valoran diferentes cuestiones y además a las familias se les hace un seguimiento. Las propiedades que se van a reformar están repartidas por diferentes calles de la ciudad: Condado de Treviño, San Agustín, carretera Logroño, Arenal y Los Pinos.

Además de los pisos que se dedican a un alquiler social, el Ayuntamiento también ha cedido viviendas a asociaciones que trabajan con grupos en riesgo de exclusión, para que de manera tutelada puedan residir en ellos y de esta manera lograr una mejor integración. Gracias a esta medida, hay colectivos como Aspodemi o Salud Mental Miranda que trabajan diariamente con usuarios dentro del servicio de pisos tutelados.

La actuación prevista en las cuentas del próximo ejercicio se suma a otras ejecutadas en los últimos tiempos para mejorar el parque de viviendas después de unos años en los que apenas se había hecho nada, lo que suscitó críticas de la oposición. Dentro de las últimas actuaciones se incluye el inmueble que compró el Ayuntamiento mirandés en 2016 en la calle Arenal por 190.000 euros, donde se incluyen dos viviendas de alquiles sociales, más una que se usa por parte de Servicios Sociales.

Otro de los puntos de mejora, el más reciente, se desarrolló el pasado mes de febrero cuando se destinaron 150.000 euros a reformar la planta baja de las conocidas como casas de los maestros para destinar la misma a pisos tutelados para los usuarios de Aspodemi. También se han llevado a cabo trabajos de menor calado en las viviendas que ya están alquiladas pero que habían sufrido cierto deterioro con el paso del tiempo.