En plena crisis de suministro en el Reino Unido, debida, según justificó el pasado domingo el primer ministro británico, Boris Johnson, al «período de ajuste» tras la retirada del país de la Unión Europea, Londres sigue desafiando a Bruselas. Así, el secretario de Estado para el Brexit, David Frost, aseguró ayer que el país podría activar el Artículo 16 para supender el protocolo norirlandés pactado tras el divorcio si la UE no acepta los cambios propuestos.

El dirigente conservador esgrimió que poner en marcha ese mecanismo de último recurso podría «al final, ser la única manera de proteger» al país.

Frost, uno de los negociadores con Bruselas, instó a la UE a responder a las propuestas que le hizo el pasado julio y adelantó que en breve le enviará «documentos legales» para apoyarlas. «Esperamos una respuesta formal a nuestras propuestas. Pero, por lo que oigo, me preocupa que no recibamos una que permita el cambio significativo que necesitamos», apuntó.

«Urjo a la UE a ser ambiciosa», afirmó, y añadió: «Necesitamos un cambio significativo». «Si podemos acordar algo mejor, podemos volver a donde queríamos estar, un Reino Unido independiente con relaciones amistosas con la UE basadas en el libre comercio», declaró.

«Pero no podemos esperar para siempre. Sin una solución consensuada pronto, tendremos que actuar, usando el mecanismo de salvaguarda contemplado en el artículo 16, para confrontar el impacto que el protocolo está teniendo en Irlanda del Norte», mantuvo.

El 21 de septiembre, el vicepresidente de la Comisión Europea para Relaciones Interinstitucionales, Maros Sefcovic, reconoció que la UE se prepara para «reaccionar» en caso de que Londres decida suspender el protocolo pactado para gestionar la frontera norirlandesa tras el Brexit, aunque dejó claro que cree que una solución es posible.

En marzo, el Gobierno británico anunció unilateralmente que el 1 de abril no aplicaría controles aduaneros y fronterizos a las mercancías desde Gran Bretaña con destino a Irlanda del Norte, y que los aplazaría seis meses, hasta el 1 de octubre, fecha que ahora ha prorrogado indefinidamente.

Ante esa acción, Bruselas abrió un procedimiento de infracción el 15 de marzo que decidió paralizar en julio después de que ambas partes acordaran un «parón» para negociar cómo resolver las cuestiones que plantea ese mecanismo.

El protocolo establece que la provincia del Úlster sigue vinculada al mercado único comunitario, por lo que las mercancías que cruzan entre ese territorio y el resto del Reino Unido deben pasar controles aduaneros en los puertos de la región, de manera que se asegure que la frontera entre las dos Irlandas -la única física del país británico con la UE-sigue siendo invisible, clave para el proceso de paz y las economías de la isla.

Sin embargo, la nueva carga burocrática ha provocado escasez de productos y tensiones políticas en Irlanda del Norte, sobre todo en la comunidad unionista.