Ha costado seis años de intenso trabajo, a buen seguro que innumerables paseos por prácticamente cada uno de los rincones de la geografía española, algún que otro vuelo con drones para precisar de manera casi milimétrica cada detalle y un extenso análisis de cotejo fotográfico. El Catastro ha dado a conocer los resultados obtenidos tras rastrear uno a uno los municipios españoles en busca de edificaciones no declaradas al fisco; que implica severas variaciones a la hora de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles, las plusvalías, el IRPFo el impuesto de patrimonio. Ejemplos de ello pueden ser la nueva piscina en mitad del jardín, el cerramiento de la terraza para ganar un nuevo espacio dentro de casa, el garaje abierto que ahora se ha reconvertido en merendero o la nave que, por ‘arte de magia’, ha doblado su tamaño. No obstante, la resolución se puede recurrir ante el Tribunal Económico Financiero, y si se confirma la infracción, al día siguiente se incorporan los inmuebles aflorados a efectos catastrales.
En total, la lupa de este organismo, dependiente de Hacienda, ha detectado 30.750 construcciones irregulares no detectadas en la provincia de Burgos, el 1,39% del total de inmuebles registrados, que ascienden hasta los 2.208.448. Una vez concluido el proceso en cada una de las localidades de la provincia, el Ministerio desvela que ha recaudado 1.845.000 euros en concepto de tasa de regularización (60 euros por cada uno), una suma de dinero que habrá que añadir a los potenciales ingresos que generarán estas construcciones, ahora sí legales, en sus correspondientes Ayuntamientos y el Estado.
En el municipio de Arija, donde hay censados 126 habitantes, la Dirección General del Catastro ha regularizado 117 construcciones de las 911 que había registradas hasta la fecha, un porcentaje del 9%. Le siguen localidades como Vileña (5%) o Padilla de Arriba (4,95%). En cambio, Haza (0,07%), Gumiel de Izán (0,1%) y Villanueva de Carazo (0,1%) son los que menos trabajo ha generado a Hacienda.
La inmensa mayoría de infracciones se han producido en bienes urbanos, 27.513 frente a los 3.237 de los de carácter rústico. El 40,1% (12.358) de los casos que han levantado la alerta del Catastro corresponden a reformas y cambios de uso de la propiedad, mientras que el 31,8% (9.807) se refieren a nuevas construcciones, el 26%, unos 8.000 casos, responden a ampliaciones y rehabilitaciones, donde proliferan el cerramiento de balcones o terrazas para ganar habitabilidad en un domicilio. Por último, se han regularizado 582 piscinas no declaradas con anterioridad.
Castilla y León es la tercera región donde el Catastro ha tenido más trabajo, ya que en total se han regularizado 308.471 construcciones. No obstante, es la comunidad autónoma con mayor número de inmuebles levantados, 12,4 millones, de los que 3,4 son urbanos y 9 rústicos. Ala cabeza de la clasificación de irregularidades se sitúa Andalucía, con 588.992, seguida de Galicia, con 456.468. Cabe destacar el caso del municipio cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo, donde se han detectado anomalías en el 49% de los inmuebles.
El procedimiento, que se inició hace seis años, se ha desarrollado en todo el panorama nacional excepto en PaísVasco y Navarra, debido a su condición de territorios forales. Hacienda lo puso en marcha para obtener una mayor recaudación en tiempos de crisis, así como para luchar contra las reformas ilegales que se acometían a espaldas del fisco y que, por consecuencia, no eran declaradas, lo que generaba una pérdida de ingresos en los Ayuntamientos.