El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, defiende la legalidad de la enajenación de 664 vehículos a través de las delegaciones territoriales, que fueron vendidos mediante un proceso de concurrencia de empresas "en todos los casos a la oferta más alta". En el transcurso de su comparecencia en las Cortes, Quiñones explicó que la treintena de expedientes de enajenación se produjeron, en su mayoría por la renovación de los vehículos, y debido a que su "estado de deterioro los hacía inservibles para el trabajo de nuestro personal de campo", con una media de 18 años y kilometrajes superiores a 400.000 kilómetros.

Suárez-Quiñones detalló pormenorizadamente el proceso llevado a cabo por las nueve delegaciones territoriales para la enajenación de los 664 vehículos y, advirtió que, pese a que legalmente se hubiera podido realizar todas ellas mediante venta directa se acordó abrir el procedimiento a la concurrencia de empresas para obtener un importe más alto. De esta forma, participaron 193 empresas, con una media de siete por expediente, que presentaron 131 ofertas (cinco de media por cada uno de ellos).

Finalmente, el consejero aseguró que él no tiene la competencia para realizar estas enajenaciones realizadas entre los años 2015 y 2019, debido a la descentralización de competencias, e insistió en que todas ellas se realizaron por "razones técnicas", aunque "nada impedía que las empresas pudieran optar a dar otro destino a los vehículos".