Contra los elementos y con la práctica seguridad de que no servirá de mucho, pero los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Burgos están intentando dar la batalla para no perder la propiedad del antiguo colegio mayor Peña Amaya, inmueble por el que el Ayuntamiento pagó en 2005 casi cinco millones de euros en suelo urbanizable y que, en realidad, jamás llegó a ser de la ciudad. La operación con las sociedades del grupo Anta que se fueron sucediendo en la propiedad del edificio fue declarada plenamente ilegal por los tribunales y ratificada nula en el Tribunal Superior de Justicia.
Cuando el Ayuntamiento, con mucha pereza en los tiempos y disparando el riesgo de no tener dónde reclamar, quiso pedir a la propiedad que devolviera el suelo y se quedara el ‘muerto’, ya no era posible. La parcela había sido transferida a un tercero y las empresas eran insolventes. La cuestión es que, dado que la permuta fue declarada ilegal, el administrador concursal de Inizia Gestión Inmobiliaria, la mercantil titular entonces del colegio, ha metido el edificio en los bienes a subastar para hacer frente a las deudas que dejó la sociedad. Su argumento: la inscripción registral del edificio que hizo el Ayuntamiento es inválida puesto que es hija de una permuta ilegal.
El marrón está ahora sobre la mesa del nuevo equipo de gobierno del PSOE, en cuyo programa electoral figura que intentarían recuperar la titularidad del Peña Amaya para «transformarlo en un espacio de apartamentos de alquiler asequible para jóvenes que accedan a su primera vivienda». Además de para darlo un uso, recuperar el edificio serviría para no poder afirmar con toda rotundidad que la ciudad entregó suelo valorado en cinco millones (que después se vendió a un tercero por 10 millones) a cambio de nada. Y además, en una operación ilegal.
Curiosamente, el uso que ahora propone el PSOE ya lo manejó el PP cuando la concejalía de Juventud la ocupaba Eduardo Villanueva, a quien el actual alcalde, Daniel de la Rosa, daba la réplica desde la oposición.
la situación, ahora. Los servicios jurídicos municipales han presentado alegaciones a la subasta prevista por el administrador concursal de la empresa. Lo han hecho ante el juzgado de lo Mercantil de Madrid que supervisa una operación en la que el Peña Amaya es uno de los pocos activos de los que se puede tirar. Intentan demostrar desde el Ayuntamiento que la inscripción registral a nombre de la ciudad es válida, pero fuentes municipales aseguran que «las posibilidades de que prosperen esas alegaciones son, como mínimo, remotas». Si son rechazadas, cabrá la posibilidad de llevar el caso a la Audiencia de Madrid como último recurso. (Más información en la edición impresa)