El Ayuntamiento deberá indemnizar a un hostelero local

R.C.G.
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Piparestauración había sido inhabilitado con tres años sin optar a concursos públicos tras no firmar el contrato del bar de las piscinas. Los tribunales consideran que la no formalización fue culpa de la administración municipal y no del empresario

El Ayuntamiento deberá indemnizar a un hostelero local - Foto: Óscar Casado

El juzgado contencioso administrativo de Burgos ha dado la razón a la empresa Piparestauración en el conflicto que mantiene desde hace un par de años con el Ayuntamiento a raíz de la explotación del bar de las piscinas de verano. La firma hostelera local presentó una oferta para hacerse con la gestión del servicio pero finalmente no llegó a firmar el contrato por discrepancias sobre las obras que pretendía ejecutar para mejorar las instalaciones.

El enfrentamiento acabó en que se sacó un nuevo pliego y que a Piparestauración se le impuso una prohibición de tres años sin poder concurrir a concursos públicos, sanción que la empresa recurrió ante los tribunales.

La sentencia anula dicha prohibición y condena al Ayuntamiento a indemnizar al hostelero. Lo que habrá que fijar ahora es la cantidad con la que hay que resarcir a la empresa, que pedía una suma superior a los 200.000 euros en conceptos de daños y lucro cesante, es decir el dinero que no ha ingresado al no haber podido ejercer la actividad.  El informe pericial presentado en su momento cuantificaba los ingresos dejados de percibir por la falta de formalización de contrato, dinero calculado en base al supuesto resultado económico de la explotación durante la vigencia del contrato en comparación con otro bar similar que gestiona la misma empresa.

Sin embargo el juzgado solo estima parcialmente su petición y considera que la indemnización debe salir del perjuicio que pueda acreditarse durante el tiempo que estuvo vigente la prohibición de contratar, es decir desde que se acordara en resolución municipal hasta la fecha del auto judicial que la ha mantenido en suspenso hasta el fallo definitivo.

La sentencia es favorable a los intereses de la firma de la que es propietario Félix Pipaón ya que considera que la no formalización del contrato no es un hecho imputable al hostelero sino al Ayuntamiento porque «las condiciones técnicas no estaban bien concretadas». Además tiene en cuenta que durante varias semanas se mantuvieron «negociaciones paralelas al expediente» entre Pipaón y algunos concejales para tratar de llegar a un acuerdo sobre las condiciones. Como prueba valida los mensajes de móvil entre el empresario y los ediles, resaltando que después de tanto tiempo de conversaciones «no es creíble» que el primero presentara una propuesta unilateral para modificar el pliego.

más demandas. La adjudicación del bar del polideportivo todavía está pendiente de otro fallo judicial ya que además de la denuncia presentada por Pipaón por su inhabilitación, hay otra presentada por una exconcejala del PP contra la concesión del servicio a Vía Norte al entender que el procedimiento estuvo plagado de irregularidades, como que la empresa presentara más de una oferta con cantidades estimativas o que no se convocara a la apertura de ofertas a la edil de Miranda Puede, otro error administrativo.