Una cosa es que los conflictos laborales hayan menguado con la salida de la crisis económica y otra muy diferente es que los juzgados de lo social de Burgos no necesiten un refuerzo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo niega con la justificación de que el tiempo de respuesta en otros órganos de España supera al de Burgos en mes y medio. Pero no es un consuelo, pues cada una de las tres magistradas de esta jurisdicción soportan un volumen de demandas superior a las 1.050 al año cuando el módulo máximo que establece el Consejo es solo de 800. De manera que «al menos un cuarto magistrado de apoyo es necesario».
Lo dice María José Renedo, la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, quien más sabe del funcionamiento de estos órganos en la provincia. Cuando denuncia esta situación no lo hace porque el orden social dirime pleitos «sobre materias muy sensibles, de las de comer todos los días, indemnizaciones por despido, reclamaciones de cantidad, prestaciones, jubilaciones, asuntos que hay que resolver con la menor demora posible». Y eso ahora no está sucediendo. Es verdad que los juzgados podrían acumular más retraso, como no, pero los juicios «por despido se están señalando ahora mismo a seis meses vista y el resto de procedimientos (Seguridad Social y ordinarios) a nueve meses».
«Y al ciudadano hay que darle una solución antes a estos problemas, porque estamos hablando de personas que se quedan sin trabajo o que dependen de que se les conceda o no un subsidio», advierte Renedo. Y, además, añade, «se trata de una materia complicada, que impide dictar resoluciones rápidas». Y las tres magistradas de Burgos «trabajan bien y de forma ágil, como lo demuestra que pusieran 435 sentencias de media el año pasado».
Ahora bien, al ciudadano «hay que darle una respuesta antes y para ello es imprescindible el refuerzo». «Sería discutible el cuarto juzgado, aunque la Sala lo va a seguir reclamando, pero el magistrado de apoyo resulta clave para ganar celeridad en la resolución de asuntos», afirma. Además, avisa, los tres órganos se han librado por el momento de en torno a 600 demandas que se están tramitando a través del sistema de mediación social -al margen de la Justicia-, pero podrían volver al seno de los juzgados si no se llega a un acuerdo.
No solo claman los jueces por ese refuerzo. También lo hacen los abogados burgaleses. Julia Manero, una especialista en Derecho Laboral, está de acuerdo con la presidenta de la Sala de lo Social en que «lo que se dirime en estos procedimientos no es el dinero de una herencia -del que no hay una urgencia para cobrar- sino del dinero que necesitan los trabajadores para vivir día a día». «Y estos asuntos deben resolverse con más rapidez, no hay duda, seis, siete, ocho meses son demasiado tiempo», indica.
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